La gestión del agua en la provincia de Buenos Aires, 1870-1930


La gestión del agua en la provincia de Buenos Aires, 1870-1930

Conferencia de incorporación pronunciada por el Dr. Guillermo Banzato

 

La gestión del agua en la provincia de Buenos Aires, 1870-1930

Por Guillermo Banzato
                   
Los habitantes de diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires llevan más de un siglo de lidiar con los ciclos de exceso y escasez de agua, al tiempo que se han sucedido infructuosos intentos de gestión pública para abordar el problema. Las investigaciones con perspectivas analíticas multidisciplinares han encontrado que la conjunción de los registros históricos de lluvias y sequías en los períodos pre y pos estadísticos, como así también los estudios sobre mamíferos y ostrácodos coinciden en fundar la hipótesis sobre una “Pequeña Edad de Hielo”, con clima seco y frío entre 1450 y 1850, a la que siguió un cambio en el régimen de lluvias que fue aumentando progresivamente hasta hoy.[1] Esto explica que las décadas de 1870 y 1880 fueran pródigas en eventos climáticos extremos en la provincia de Buenos Aires, siendo la más afectada la cuenca del río Salado. Los ciclos de inundaciones y sequías se sucedieron hasta la década de 1920, recrudeciendo luego de los años 1980s hasta la actualidad.[2]
Para el tema que nos ocupa no debemos perder de vista, como enseñan María del Rosario Prieto y sus colegas, que la modernización, en su desigual asignación de recursos para posibilitar el modelo de acumulación, dará menos importancia a los sucesos socio-ambientales que a otras variables económicas.[3] Asimismo, según Prieto y Richard-Jorba, dado que el ciclo de sequías e inundaciones tiene una recurrencia de largo plazo, no hay una adecuada percepción social del problema, pues la memoria colectiva no logra internalizarlo, de allí que [cito] “el conocimiento de la ocurrencia de fenómenos naturales excepcionales en el pasado y la internalización del peligro consecuente puede contribuir –junto con la implementación de políticas estructurales– a la prevención de este tipo de catástrofes”.[4]
En esta ocasión pondremos el centro de atención en la historia de la gestión del agua en el ámbito rural de la provincia de Buenos Aires, pero estamos trabajando sin perder de vista algunos necesarios diálogos interprovinciales. En primer lugar, porque la geografía determina las especificidades regionales en cuanto a la abundancia y escasez de este bien natural común,[5] y por lo tanto han sido diferentes las políticas públicas que se han desarrollado en cada región del país. En segundo lugar, porque la bibliografía sobre los casos andinos supera ampliamente a la de las llanuras, todo un indicio sobre cómo ha impactado el tema, no solamente en la comunidad en general, sino en cada colectivo académico. Tal como la historia ambiental, que ha generado una serie de trabajos interdisciplinarios de larga duración,[6] también para la historia de la gestión pública es imperioso el diálogo entre disciplinas y la perspectiva de largo plazo.
De modo que este trabajo se encuentra en el cruce de las tendencias recientes en ciencias sociales y humanas hacia el estudio del Estado y las profesiones. El estado del arte es amplísimo, pero destaquemos que las líneas de trabajo más importantes enfocadas entre fines del siglo XIX y la actualidad, intentan desentrañar las disputas -intraoligárquicas y con los otros sectores sociales-, inherentes al proceso de construcción estatal debido a los intereses regionales en juego.[7] Se proponen analizar a los profesionales, los intelectuales de y en el Estado, como así también las burocracias y las agencias estatales, desarmando el rompezabezas del Estado para verlo desde los sujetos que lo componen, sus vidas, sus trayectorias, sus luchas, sus contradicciones, las vinculaciones entre distintas agencias y con otras instituciones.[8] También abordan los procesos de formación y configuración de las profesiones[9] o recorren la conformación de las elites técnicas apuntando a la relación entre producción de conocimiento y proceso de constitución del Estado.[10]
            Entre los estudios enfocados sobre fines del siglo XIX e inicios del XX, nos interesan especialmente las investigaciones sobre la función de los agrimensores en el Departamento Topográfico y después en el Departamento de Ingenieros; sobre los ingenieros en la construcción de los ferrocarriles del Estado y sobre el Departamento de Ingenieros Civiles en el ámbito nacional.[11] Asimismo, para un período posterior, se ha analizado los discursos y las vinculaciones de los ingenieros en torno al modelo de vialidad norteamericano.[12] No obstante, para este período no han aparecido últimamente trabajos que aborden el problema de las políticas sobre los recursos hídricos en el ámbito rural de la provincia de Buenos Aires en el largo plazo, ni sobre la formación de los ingenieros hidráulicos y sus prácticas profesionales. Excluimos de estas consideraciones a las producciones sobre los procesos recientes de contaminación de cuencas del Area Metropolitana de Buenos Aires y problemáticas del agua para las ciudades.
Nuestras investigaciones se enmarcan en la propuesta analítica que Bohoslavsky y Soprano realizaron para un completo estado del arte, desarrollando un esquema en el que las diferentes líneas de investigación fueron situadas “espacialmente” en relación con el Estado como objeto de estudio. Así, pusieron en diálogo estudios que se abocaron a explicarlo desde “afuera”, “arriba” o “adentro”, o que se preocuparon por su “génesis”, su “forma” o sus posibles reformas. Asimismo, estos autores formularon una interesante guía para la indagación, planteando que se requiere el “concurso de enfoques y métodos”, reconociendo al “Estado como resultado de múltiples presiones” y por lo tanto no está “aislado”. Asimismo, también llaman la atención sobre la existencia de “relaciones y tensiones intra-estatales en la acción estatal” y sobre que es necesario “descentrar al Estado”.[13]
Si en nuestros estudios sobre las políticas públicas para la distribución de tierras entre los siglos XVIII y XX la amplitud temporal del análisis nos permitió aportar a los debates sobre la distribución de tierras desde el Estado y el mercado de inmuebles rurales, consideramos útil mantener el mismo criterio al afrontar la indagación sobre la gestión del agua, en el contexto historiográfico que hemos mencionado al inicio, porque nos permite profundizar en algunas cuestiones que fueron apareciendo poco a poco en las fuentes y también en la realidad cotidiana. Es evidente que, aunque son conocidos los recurrentes ciclos de sequías e inundaciones en las llanuras argentinas desde finales del siglo XIX, todavía se debaten las mejores soluciones para el problema de la abundancia de agua, y periódicamente se renueva la tensión entre los saberes científicos y las gestiones de los gobiernos locales y provinciales. Nos preguntamos en qué medida logran los científicos que sus estudios se transformen en políticas de gobierno, cómo se generan los proyectos, cómo se realiza su gestión política y económica, por qué no logran plasmarse estudios científicos en planes de gobierno, o una vez iniciados por qué quedan truncos, en el afán de dilucidar las raíces históricas de un presente en el que las inundaciones se relacionan tanto con el cambio climático como con la falta de políticas de Estado sobre la gestión del agua.
Desarrollaremos, entonces, algunos resultados preliminares de nuestras indagaciones sobre un primer período que abarca desde la década de 1870, en que se van gestando algunas políticas aisladas para el sector rural hasta la de 1930 en que el problema del exceso de agua fue cediendo. Pero como esperamos continuar estos trabajos hasta el presente, y la realidad se impone en las situaciones de desastre[14] que hemos sufrido en la provincia de Buenos Aires en los últimos años, dejaremos al final algunas reflexiones sobre la importancia de realizar estos estudios en el largo plazo.
Entre la década de 1870 y 1889 puede reconocerse una primera etapa en la que los gobiernos de la provincia fueron dando respuestas aisladas a las contingencias climáticas, a la vez que auxiliaban a los damnificados invirtiendo sumas muy reducidas. Coincide con el último reparto de tierras en 1878 para financiar la campaña de Roca, que completó los límites de la provincia hasta el meridiano V, ejecutándose las mediciones a inicios de la década siguiente.[15] Entonces, cuando toda la provincia estaba repartida, aunque se había tomado la precaución de conservar espacios para futuras ciudades, no se hizo lo mismo con el excedente de agua, no se previó si toda la tierra disponible debía ser distribuida o podían dejarse algunos fiscales, donde las inundaciones eran (son) recurrentes. La idea fuerza de la época consistió en poner todos los campos a producir, así que el agua sobrante había que sacarla lo antes posible, por eso, tal vez, en 1884 no hubo lugar para poner a prueba la propuesta de Florentino Ameghino de reconocer los ciclos de sequía y de inundación para administrar esos flujos de agua, conteniendo en épocas de abundancia para soportar mejor las de escasez construyendo reservorios en los terrenos más bajos.[16]
En una segunda etapa, a partir de los años ’90 del siglo XIX hasta 1913, la gestión del agua tuvo en cuenta dos cuestiones, en primer lugar se desarrolló un plan para construir canales de desagote de los campos que, aún con muchas críticas, fue llevado adelante hasta su inauguración e inmediato fracaso; y en segundo lugar, en medio de las discusiones por las tarifas ferrocarrileras, el gobierno de Marcelino Ugarte resolvió construir un canal de navegación, para competir con el ferrocarril, entre la laguna Mar Chiquita y el río Paraná, con el fin de abaratar los fletes, proyecto que tampoco se pudo concretar.[17] Con respecto a las políticas públicas sobre control del agua, el conjunto de los proyectos presentados en la legislatura da la impresión de que se tendía a solucionar el tema en el corto plazo y con enfoque local, privilegiando los campos más bajos en las cercanías de la Bahía Samborombón, desemboque de los dos ríos mayores que surcan la provincia, el Salado y el Samborombón.
En los años siguientes, hasta los años 30s, los debates entre los ingenieros hidráulicos no llegaron a un consenso suficiente como para reparar las obras llevadas adelante bajo el criterio del desagüe por canalización. Los sucesivos gobiernos decidieron aferrarse a justificar los grandes gastos realizados y a una obra que no dio los resultados esperados, sin atinar a desarrollar alguna de las alternativas que se proponían desde los saberes especializados.
Los avances historiográficos están mostrando cómo, en el período que estamos trabajando, se aceleraron los procesos de formación de agencias estatales específicas y con Valeria D’Agostino estudiamos la participación de las diversas especialidades de la ingeniería en estos temas, de suma importancia para comprender de qué manera determinados proyectos pasaban de los tableros al terreno, es decir, estudiar el Estado “desde adentro”.[18] En el caso que nos ocupa, por decreto del 19 de abril de 1875 se creó el Departamento de Ingenieros, que asumió las funciones del anterior Departamento Topográfico[19] y el 28 de agosto de 1885 se promulgó la ley por la cual se creaba el Ministerio de Obras Públicas. Dependían del mismo el Departamento de Ingenieros, el Consejo de Higiene, el Museo, la Biblioteca, el Observatorio Astronómico, la Escuela de Santa Catalina y la Escuela de Artes y Oficios.[20] En 1913 se suprimió el Departamento de Ingenieros y fue reemplazado en 1915 por la Dirección de Hidráulica, Puentes y Caminos, para 1925 pasó a denominarse Dirección de Hidráulica y Perforaciones, mientras que Puentes y Caminos se constituía también en Dirección,[21] por lo tanto fue variando las áreas de incumbencia, la dotación del personal y las tareas asignadas.
Asimismo, si entendemos que el Estado no está “aislado”, comprenderemos cómo para encargarse exclusivamente de la gestión de las obras hídricas se constituyó la Dirección y Administración de Desagües, una agencia que, si bien pertenecía al organigrama del Ministerio de Obras Públicas, estaba conformada por los propietarios afectados por la crecida recurrente de las aguas en la cuenca del río Salado, quienes deberían solventar económicamente los trabajos de canalización, de los que serían los principales beneficiados. De esta manera, las dirigencias políticas lograron cooptar a propietarios de la zona afectada con el fin de gestionar las obras. No se nos escapa que algunos de estos grandes estancieros, como Ezequiel Ramos Mejía, además eran hábiles políticos que participaron en carteras ministeriales del gobierno nacional, tanto como formaban parte de la Sociedad Rural Argentina. Sin embargo, que tuvieran vinculaciones con el poder político y la organización que nucleaba a muchos de ellos, no necesariamente los hacía representativos del conjunto de los propietarios de la región, vistos los intentos de algunos (como José Crotto, también de la Sociedad Rural y fundador de la UCR), por anular la ley de 1895 que les imponía un tributo que consideraron inequitativo y la resistencia a pagarlo una vez que la Corte Suprema determinó que el Estado tenía potestad para hacerlo.[22] Este doble comando en la gestión de la obra pública, con los ingenieros encargados de las cuestiones técnicas y los propietarios controlando la relación con las empresas que llevarían a cabo los trabajos y con los particulares afectados, permaneció hasta mediados de los años 1930s.
Entre la diversidad de obras realizadas durante el período vamos a concentrarnos en las dos más significativas (los canales de desagote y el Canal de Navegación del Norte), dejando de lado, en aras de la brevedad, las numerosas acciones llevadas a cabo en el dragado en el delta del Paraná, las obras diseñadas y llevadas adelante en las diferentes cuencas de la provincia, también hubo numerosos pedidos de particulares para utilizar el agua de los ríos y arroyos para riego en el sur de la provincia y se realizaron trabajos para el desagüe de muchas ciudades con riesgo de inundación asentadas a la vera de los ríos.
Durante el mandato del gobernador Julio A. Costa (1890-1893), en la primavera de 1890 se aprobó el proyecto del Departamento de Ingenieros para realizar las obras de desagüe de los terrenos inundables en la zona, considerando que en la parte superior de la cuenca debían tratar de retener momentáneamente, mientras que en la desembocadura debían acelerar la circulación, de modo que en Ajó se encontraban terrenos inundables que debían ser saneados para facilitar el desagüe y al mismo tiempo mejorar las condiciones de navegabilidad del puerto de ese partido.[23]
En 1892, en su mensaje a la legislatura, el gobernador Costa anunciaba que el Departamento de Ingenieros había realizado una serie de estudios para paliar las inundaciones en el sur de la provincia, realizando un proyecto general, en el cual se habían enfocado particularmente Ajó, Chacabuco y Olavarría, “a fin de llevarlas a cabo a la mayor brevedad, y entregar esas vastas zonas de tierra al trabajo y a la producción”.[24] Según datos del Ministro de Obras Públicas, en ese año se habían perdido en los partidos del sur dos millones de ovinos y 146 mil vacunos.[25]
El 17 de enero de 1893, se promulgó una ley que facultaba al ejecutivo a realizar una serie de canales de desagüe en el sur de la provincia. Estipulaba que toda la zona estudiada el año anterior debía revisarse nuevamente con el fin de determinar en qué medida afectarían las obras a cada uno de los propietarios, para poder deducir el impuesto correspondiente. Esto era así porque en el artículo siguiente pautaba que las obras estarían solventadas por un impuesto “de desagüe” cuyo monto se determinaría según el presupuesto total de la obra, proporcionalmente a la cantidad de terreno inundado. Además, se autorizaba al Poder Ejecutivo a expropiar terrenos que fueran “imprescindibles para la realización de las obras”.[26]
El Interventor Nacional, Lucio V. López, contrató a inicios de marzo de 1894 al ingeniero Félix R. Rojas para que realizara los canales en la sección sur de la cuenca del río Salado y levantara un puente sobre un cañadón.[27] Sin embargo, los trabajos no fueron suficientes, ya que en noviembre de 1895 un fuerte temporal que duró una semana provocó que se desbordaran los ríos Samborombón y Salado. La ley promulgada al mes siguiente, establecía que el área susceptible de impuesto sería la comprendida por los partidos de General Lavalle, Maipú, Tordillo, Chascomús, Dolores, Vecino, Tuyú, Ayacucho, Castelli, Pila, General Belgrano, Rauch, Monte, Las Flores, Alvear, Tapalqué, General Paz, Saladillo y Coronel Vidal. Esta ley y su decreto reglamentario fueron impugnados por inconstitucionales por un grupo de propietarios de los partidos de General Alvear y Tapalqué, liderados por José Crotto y Sixto Rayneli, obligando a posponer el inicio de las obras hasta que la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia en 1898 desestimando la demanda por improcedente.[28]
Es decir que pasaron casi tres años entre la promulgación de la ley y su decreto reglamentario para que la gestión provincial pudiera comenzar a percibir el impuesto que iba a solventar las obras de desagüe, los resultados del retraso se verían prontamente pues en 1900 volvieron las inundaciones abarcando unos seis millones de hectáreas. Posteriormente, el 24 de noviembre de 1900 se promulgó una nueva “ley sobre construcción de obras de desagües en varios partidos de la provincia” prácticamente calcada de las de 1893 y 1895, excepto que cambiaba los valores del impuesto y dividía su asignación en tres secciones.[29]
Así, en su mensaje a las cámaras del 1° de mayo de 1902 el gobernador Marcelino Ugarte expresó que ya se habían llamado las obras a licitación para los de desagüe, pero se habían prorrogado los plazos debido al “retardo en el cobro del impuesto, por una parte, y, por otra, diversos reclamos sobre exoneración o rebaja de las cuotas fijadas”,[30] es decir, el sistema de quien está afectado paga, adoptado en la ley, generaba ciertos rechazos.
El desacuerdo entre los intereses de las compañías contratadas para hacer los canales y la necesidad del gobierno de llevarlos a cabo, fue otra de las causas del retraso de las obras y del aumento de los gastos. Cuando finalizó su mandato, Ugarte realizó un balance de las diferentes áreas de gobierno. En el caso de los desagües, desde septiembre de 1902, el trabajo de los contratistas había excavado y dragado 3.092.492 m3, que costaron $716.858. Desde esa fecha en adelante, la provincia había rescindido los contratos, de manera que “La Dirección de Desagües, para impulsar los trabajos, se ha visto en la necesidad de adquirir una cantidad adicional de material rodante y vías, herramientas y útiles, diversos materiales de construcción y de consumo”. Entre el 1º de mayo de 1902 y 31 de marzo de 1906 se habían recaudado $3.250.005, todavía lejos de los casi 9 millones previstos.[31]
            En 1908, el gobernador Irigoyen podía hacer un balance positivo, aunque ajustado, de la cuenta destinada a obras públicas. En cuanto a los canales de desagüe, se habían finalizado tres, se esperaba la pronta terminación de otro y se estaba trabajando en cuatro más, con un promedio de 3.500 hombres ocupados.[32] Al año siguiente el gobernador aclaraba en su informe a la legislatura que el gobierno provincial había tomado a su cargo el tramo que insumía mayores esfuerzos y gastos, en tanto la empresa privada trabajaría sobre terreno en mejores condiciones de operación y con mayores beneficios económicos.[33]
La ley promulgada el 4 de octubre de 1910 sobre desagües parciales en la provincia vino a profundizar la tendencia marcada por las mencionadas anteriormente, en el sentido de tomar en cuenta la iniciativa de los particulares para desagotar los campos. El primer artículo redefine el manejo de las aguas, de las que hasta el momento se ocupaba enteramente la provincia, salvo que dejaba en manos de los propietarios la gestión. Ahora los denominados “desagües parciales” serían de “interés privado ó de interés público”, los primeros beneficiarían a una propiedad o propietarios, los segundos a más de uno, a la salud pública o a extensiones mayores de 20.000 hectáreas. Todo el articulado siguiente ordenaba la relación entre la iniciativa privada y el control estatal a través de la Dirección de Administración de Desagües, teniendo en cuenta también que los propietarios podían asociarse para realizar una obra conjunta. Sólo el último artículo trata de los desagües de interés público, los que, coherentemente con la política llevada hasta el momento, serían solventados proporcionalmente por los propietarios a quienes directa o indirectamente favoreciera la obra.[34]
            En junio de 1911 se autorizó a la Dirección de Desagües a “librar al servicio público… el canal número 15 con sus correspondientes obras accesorias.[35] En el mensaje a la legislatura de 1912 el gobernador Arias informó que estaban terminados y en uso cuatro los canales. A la inauguración de los dos últimos concurrió el presidente Roque Sáenz Peña, marcando la importancia que en esos años se le daba al tema. El gobernador detalló que, tras una breve interrupción debido a una solicitud de revisar el ancho de los canales, que fue desestimada, se habían continuado las excavaciones para los seis canales, mientras que se habían iniciado los trabajos en otros dos y se proyectaba el comienzo de un tercero.[36] El mensaje de mayo del año siguiente, a cargo del presidente del Senado en ejercicio de la gobernación, Eduardo Arana, continuaba optimista puesto que los canales alcanzaban en ese año a 1.078 km, sirviendo a unos 620 km de campos, estando en servicio los números 7, 8, 10 y 15, restando iniciarse la de los números 4, 17 y 19 y en construcción los números 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 14 y 16 e iniciándose en los 6 y 13.[37] Sin embargo, para agosto el gobierno reconocía que las inundaciones estaban demostrado lo indispensable de afrontar el problema de los desagües con más obras y asignaba nuevo presupuesto a la Dirección de Desagües.[38] Aún con los esfuerzos económicos y logísticos realizados, la teoría de la canalización como solución al exceso hídrico se demostró poco eficaz, como quedó evidenciado durante la gran inundación del invierno de 1913, en la que el gobierno tuvo que autorizar a la policía a proveer víveres y ropa a las familias damnificadas en los partidos de Maipú, General Alvear, Olavarría, Tapalqué, General Guido, Dolores, Ayacucho y General Pueyrredón, acciones que quedaron bajo la supervisión del Fiscal de Estado, Dr. Manuel F. Gnecco, a quien le fue ordenado trasladarse a Dolores acompañado del Director de Hidráulica, Ing. Andrés Claps.[39] En el caso de Olavarría, las compuertas colocadas en el arroyo Tapalqué no funcionaron “elevando el nivel de las aguas y demorando el desagüe de los campos que limitan con esa parte del arroyo”.[40]
            Ante el fracaso de las obras realizadas se inició una controversia entre el Director de Hidráulica y la Comisión de Desagües, ya que el primero produjo un informe crítico de la metodología adoptada, ante lo cual el gobernador nombró una comisión integrada por los ingenieros Carlos Wauters, Agustín Mercau y Juan A. Waldorp para que informaran. Asimismo, se convocó por decreto a las compañías ferroviarias para que nombraran un ingeniero cada una a fin de constituir una comisión con un ingeniero de la Dirección y Administración Desagües y otro de la Dirección de Hidráulica para que estudiaran la mejor manera de evitar que los terraplenes de las vías y la insuficiencia de alcantarillas las convirtieran en diques artificiales para el normal escurrimiento de las aguas en épocas de inundación.[41]
            Al año siguiente, en su mensaje a la legislatura, el vicegobernador Luis García manifestó que, aún cuando estaban haciendo los estudios necesarios “cualquiera que sea el concepto técnico que se tenga con respecto del sistema de desagües más eficaz … en presencia de los hechos consumados y de las considerables sumas ya invertidas …” el criterio para la continuación de las obras tenía que partir de lo ya realizado, con las  modificaciones o ampliaciones que fueran indicadas.[42] Aparentemente, en el equipo gobernante, aún con los entredichos políticos de la época había un consenso bastante consolidado acerca de las bondades del sistema de canalización. De manera que, el mensaje del gobernador Ugarte de mayo de 1915 sumó a los problemas del sudeste de la provincia, los del noroeste, citando las opiniones de Santiago Roth, Tomás Falkner y Martín de Moussy, coincidentes en que los desbordes del río Quinto se derramaban hacia la zona de Junín, y la de los técnicos de la época en torno a que el trazado sin demasiada planificación de las vías férreas provocaba que los terraplenes complicaran el escurrimiento del exceso de agua. En cuanto a las obras del sur, para ese año se había arribado a un consenso en cuanto a que la solución estaba en “separar las aguas inundantes de la región superior de las que caen directamente sobre la inferior”, pero diferían en el método, sobre el que todavía no había una decisión tomada, pues “mientras uno proyecta alcanzarlo desviando las aguas altas directamente al mar por un canal transversal, otro las retiene, ya para lanzarlas cuando la zona baja haya evacuado las propias, ya para utilizarlas en el riego; y un tercero, combina estos dos sistemas”. Para determinar cuál de los métodos se aplicaría se haría un nuevo estudio sobre unos 4.000 km2 que tardaría un año en concretarse. El estudio, además, determinaría qué parte de lo ya realizado podría aprovecharse, sobre todo para resolver problemas menores. En cuanto a la financiación de las obras, detallando los gastos realizados, el gobernador consideraba que siendo los propietarios rurales, las compañías ferroviarias y el gobierno los interesados, aquellos tendrían que hacer su aporte, sobre todo porque los primeros “muy poco o nada han desembolsado, desde que la ley los favoreció con un régimen especial mediante el cual debía mantenerse la misma cuota de imposición territorial durante diez años consecutivos, omitiendo la valorización de la tierra”, sobre casi 52 millones erogados, los propietarios habían aportado 19, por lo que “esta reseña no tiende a insinuar la idea de cobrarles, lo que indudablemente deben, si que a restablecer la verdad y a contestar las protestas que se han formulado, sin fundamento serio, respecto del impuesto”.[43]
            En 1919, con el cambio forzado de administración, luego de la intervención a la provincia en manos de José Luis Cantilo,[44] el gobernador radical José Camilo Crotto mantuvo la misma política, al tiempo que las comisiones respectivas iban recabando los datos necesarios para tomar una decisión que estaría entre el mantenimiento o la corrección del sistema y se continuaban los trabajos ya comprometidos, como así también los de conservación y reparación.[45] Mientras tanto, en ese invierno hubo inundaciones en el oeste de la provincia, en Olavarría la crecida provocó cuatro muertos.[46] Y todavía quedarían las de 1926 y 1927, sin embargo, ya no hubo nuevas obras de importancia sobre los canales.
En el cambio de siglo XIX al XX la provincia de Buenos Aires se encontraba inmersa en una fuerte lucha de facciones al interior de los partidos políticos que no necesariamente replicaban localmente los acuerdos o políticas que llevaban a nivel nacional y se disputaban el control de los poderes ejecutivo y legislativo en el marco de un tripartidismo caracterizado por “alianzas circunstanciales de interés momentáneo”, tal como las ha caracterizado Fernando Barba.[47] Andrés Regalsky planteó que en este contexto de disputas políticas y crecimiento de la producción agropecuaria, los sectores del gobierno y de la elite venían discutiendo con las compañías ferrocarrileras debido al encarecimiento de las tarifas. Por un lado la valorización del papel moneda disminuía las ganancias de los exportadores, de modo que el aumento de los fletes pesaba más sobre sus ingresos; por otro lado, la fusión de compañías implicaba que ciertas zonas quedaran monopolizadas con la posibilidad de que una sola compañía elevara los fletes ya sin temor a la competencia. De modo que los gobiernos nacional y provincial desarrollaron dos estrategias para mitigar la presión de los fletes sobre la producción: retomar la inversión estatal en ferrocarriles, una propuesta que no llegó a concretarse y se abandonó en 1906, en cambio tuvo mayor repercusión la concesión de líneas a compañías extranjeras, entre ellas francesas, hasta que en 1907 a partir de la ley Mitre se prorrogaron las franquicias aduaneras y se estableció cierto control sobre las tarifas.[48]
Finalizando su mandato el gobernador Bernardo de Irigoyen y su ministro de Obras Públicas, Julián Romero dispusieron, a través del decreto del 5 de febrero de 1902,[49] asignar $2.500 mensuales al Departamento de Ingenieros para que realizara los estudios necesarios para el trazado de canales de navegación “como medio de facilitar la circulación y exportación de productos que por su volumen ó peso no resisten las tarifas de los ferrocarriles”. Especialmente proyectaban conectarlos con el puerto de La Plata y/o ubicarlos en las zonas en las que no hubiese ferrocarriles, pero aún donde se hubiese concedido el trazado de vías férreas se estudiaría la posibilidad de que los concesionarios desistieran.
El 26 de agosto de 1902, el ministro Ángel Etcheverry y el gobernador Marcelino Ugarte ordenaron estudiar las posibilidades que había para aprovechar el cauce de los ríos o trazar canales que los reemplazaran y complementaran, uniendo por un lado la laguna Mar Chiquita con el Paraná a la altura de Baradero y por otro La Plata con Olavarría. En los fundamentos de la medida, con el fin de beneficiar el desarrollo de la provincia, se tenía en cuenta la necesidad de abaratar los costos de transporte de mercancías debido al alza de las tarifas ferroviarias, y en vistas de que los productos agropecuarios no necesitaban la rapidez del ferrocarril para llegar en buenas condiciones a destino, estimaban que los fletes podían reducirse en la navegación por canales. A tal fin, se asignaba al Departamento de Ingenieros $2.900 m/n para el estudio del río Arrecifes y canales, $2.100 m/n para el estudio del canal La Plata-Olavarría, en ambos casos por mes, más una única partida de $3.000 para la compra de instrumental y todo lo necesario para las campañas.[50]
Luego de un año de estudios, el 9 de septiembre de 1903, con gran optimismo y confianza en el futuro, el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires[51] daba su aprobación al proyecto del Canal del Norte realizado por los ingenieros Roberto Martínez y Abraham Tapia, aconsejando su ejecución.
            La vía de navegación partiría de la desembocadura del riacho Baradero en el Paraná de las Palmas, donde se construiría un puerto en el que "los grandes transatlánticos podrán cómodamente colmar sus bodegas con los productos transportados por las chatas del canal", utilizaba las aguas de los ríos Arrecifes y Salto hasta este pueblo, luego se construiría un canal que finalizaría en las lagunas Mar Chiquita, de Gómez y Carpincho, recorriendo 308 kilómetros, su zona de influencia estaría integrada por los partidos de Baradero, San Pedro, Bartolomé Mitre, Salto, Chacabuco, Junín y Arenales, cubriendo 1.138.000 has. Con gran premura, diez días después el gobernador resolvió aprobar el proyecto y el llamado a licitación. En enero del año siguiente, una ley autorizaba al gobierno nacional para contratar con el gobierno de la provincia la construcción y explotación del puerto, en tanto otra ley provincial autorizaba al ejecutivo a construir el canal y el puerto, a expropiar la superficie de excavación y hasta 250 metros a cada lado, invirtiendo hasta $5.500.000 m/n y hasta el 2% del mismo en administración.[52] Cinco meses después se aprobaba el resultado de la licitación otorgándose la obra a la empresa Emilio Candiani y Cia. por un monto de $4.077.167,75 m/n, no solamente porque era la cotización más baja de las tres presentadas, sino también “por la preparación científica que posee el proponente como ingeniero hidráulico”. Asimismo, al mes siguiente se nombraba al subdirector de la Sección Hidráulica del Departamento de Ingenieros, Roberto Martínez, como director de obras y a los ingenieros Abraham Tapia y Andrés Claps ayudantes.
Por decreto del 12 de julio de 1904,[53] se nombraron comisiones en cada partido por donde pasaría el canal para que gestionaran entre los propietarios rurales la donación de las tierras, con el fin de bajar los costos de la obra, proponiéndose personas de cierto renombre, representantes del comercio y propietarios rurales. Sin embargo, en un contexto en el que los afectados por la inestabilidad del clima y la hidrografía de la llanura no eran refractarios a las políticas llevadas a cabo por las autoridades provinciales,[54] los dueños de los campos del noroeste de la provincia negociaron las expropiaciones tanto como donaron el espacio que entregarían.
La vinculación entre la paralización de las obras e intereses ferrocarrileros que postula Alfredo Aguirre requeriría de un afinado estudio de las vinculaciones entre los opositores al proyecto del Canal, que el autor no realiza, pero consideramos importante afrontar. De todos modos, puesto que para 1907 el tema de las tarifas se había solucionado y el gobierno otorgó concesiones ferrocarrileras durante todo el período, no parece que las dos políticas fueran antagónicas, sino más bien complementarias desde el lado del gobierno para seguir presionando a la baja las tarifas. Con las fuentes que hemos consultado hasta ahora, que deberán ser complementadas con las sesiones de la legislatura, la prensa y otros materiales como revistas especializadas de la época, las dificultades que impidieron su concreción pueden encontrarse, más bien, en los imponderables de la naturaleza sobre la que se estaba operando y en el nivel de gestión tanto privada como pública. En cuanto a los primeros, sucesivas inundaciones de los ríos Paraná y Baradero ocasionaron retrasos y pérdidas de materiales, aunque es notable que no se hubieran previsto, siendo recurrentes en la hidrografía de la zona. Con respecto a la gestión privada, la desvinculación del ingeniero Candiani fue uno de los primeros problemas a afrontar. Luego, teniendo en cuenta que la oferta de la empresa ganadora fue apenas un poco más económica que la más elevada, quizás hubo un cálculo demasiado conservador en las empresas, que no tuvieron en cuenta los problemas que acarrearía el aumento de costos debido a la competencia con la producción agrícola-ganadera de la región por la disponibilidad de la mano de obra y los transportes, que ante el incremento de la demanda elevaban los salarios y fletes en forma estacional. Los constantes pedidos de modificación del presupuesto y reclamos por mayores costos del empresario a la provincia terminaron en acciones legales. Por el lado de la gestión pública, la rigidez de la normativa para contaduría, que impedía modificar los presupuestos y la tardanza en algunos pagos provocaron las discrepancias con el constructor que se tornaron insalvables al agotarse el presupuesto previsto sin haberse terminado la obra. Finalmente, los problemas en torno a los estudios técnicos y de factibilidad, que permanecen aún abiertos, tuvieron un peso significativo en la paralización del proyecto. La oposición del ingeniero Luis Huergo (unos de los más importantes referentes en el tema para la época) y la discrepancia entre el grupo de ingenieros que intervinieron en las obras y los que hicieron mediciones en 1907-1908 que dieron lugar a un informe que aprobó lo realizado y ratificó la necesidad de continuar con el proyecto, con algunos ajustes menores, parece que tuvieron un peso más fuerte en las dudas del poder ejecutivo acerca de cómo seguir. El hecho de que, ante la inundación de 1913, cuando el agua sobraba, hubiera dado lugar a un nuevo intento por reiniciar el canal indica que el tema era motivo de debate. Como resultado, el Estado perdió todo lo invertido y la obra quedó inconclusa formando parte hoy de la memoria colectiva de la región y del Ministerio como uno más de los fracasos de las políticas públicas.[55]
A valores constantes, el presupuesto de la provincia alcanzaba poco más de 4 millones de pesos en 1875 y llegó a los 59 millones y medio en 1930, con algunas contracciones en 1880 y 1890 y una caída fuerte para 1895, para luego iniciar un alza que ya no se detuvo, tal como lo han verificado Nuñez Miñana y Porto.[56] En cambio, en los montos asignados al Ministerio de Obras Públicas, también con una tendencia creciente, iniciaron representando el 4% del total y finalizaron en el 11%, hubo sólo un retroceso en el año 1915. Estos gastos se componían de los de funcionamiento de las oficinas administrativas y sueldos y, desde la década de 1890, gastos generales. Éstos últimos estuvieron destinados a edificios –en especial los de la ciudad de La Plata y su puerto–, caminos, penitenciarías, alumbrado público con luz eléctrica, y un ítem para “obras públicas para este servicio”. Lo cierto es que estos “gastos generales” nunca incluyeron obras hídricas, salvo el mantenimiento de los canales del Delta a partir de 1905. En cuanto a la parte asignada al Departamento de Ingenieros / Hidráulica, casi en su totalidad destinado a sueldos, las fluctuaciones fueron mucho mayores y estuvieron directamente relacionadas con los cambios en el organigrama del Ministerio de Obras Públicas, como porcentaje de lo asignado al Ministerio el Departamento representaba un cuarto del total al inicio y sólo alcanzaba poco más del 1% en 1930.
En todo el período la información sobre la contabilidad de la provincia aparece muy dispersa y en forma aleatoria: algunas veces en cuadros de gastos, o formando parte de la ley de presupuesto, ocasionalmente los gobernadores adjuntaban datos estadísticos en sus mensajes a la legislatura, y también solía incluirse en los mismos decretos o leyes en que se disponía la realización de alguna obra. Esta dispersión hace muy complicado el cálculo anual de gastos, por ahora sólo podemos aportar un inventario que da una idea de la magnitud, pero es difícilmente ponderable con otra información.
En el período de las acciones aisladas (1870-1889), la Legislatura provincial fue votando leyes especiales tanto como el poder ejecutivo fue dictando decretos que asignaban recursos para obras menores y para auxilio de las víctimas, sumando unos $37.000, menos de la mitad de lo asignado a sueldos para el DI en cualquiera de esos años. Entre 1890 y 1913 se gastaron $800 mil en obras hidráulicas de diferente magnitud, $225 mil en auxilio a los damnificados de las inundaciones casi en su totalidad en las de 1913, 5 millones en el Canal del Norte y $22 millones y medio en los canales de desagüe que no pudieron evitar que la provincia volviera a inundarse. En los años siguientes, la menor incidencia de las inundaciones,[57] y las dudas entre los especialistas en hidráulica sobre la mejor manera de accionar sobre el exceso hídrico llevó a una política mucho más conservadora, en que se invirtieron $700 mil en trabajos de mantenimiento de los canales, $5.600 en auxilio a víctimas de inundaciones y $9.700 en obras de menor cuantía.
Si retomamos algunas de las propuestas acerca del estudio del Estado de Bohoslavsky y Soprano,[58] nos encontramos con claras continuidades, tanto en las presiones que el Estado recibe y en ese sentido no está “aislado”, como en el funcionamiento de las agencias que se han ido conformando y las relaciones y tensiones intrínsecas en las políticas públicas que se fueron desarrollando.
Una de las constantes en las políticas públicas, en un contexto de cambio climático hacia un período más húmedo y de una particular conformación del capitalismo en Argentina desde el siglo XIX hasta hoy, ha sido la presión que el incremento, primero extensivo y luego intensivo, de la producción agropecuaria, ha ido generando sobre la gestión los bienes comunes como el agua en el intento de desagotar en las cuencas inundables que nunca lograron los resultados esperados, cuando no empeoraron la situación en muchos lugares. En ese sentido, también fue recurrente el enfoque local de las medidas llevadas a cabo, en detrimento de perspectivas que tuvieran en cuenta no solamente territorios más extensos que abarcaran la totalidad de una cuenca, sino también fuertes cambios en la relación entre la sociedad y la naturaleza. En ese sentido, según hemos podido apreciar últimamente en la ejecución del plan maestro del río Salado ha habido cambios notables en la perspectiva, especialmente en el tratamiento de toda la cuenca y en los estudios interdisciplinarios en las medidas denominadas “no estructurales”, que van desde la protección del medioambiente a la promoción del turismo, entre muchas. Asimismo, pudimos apreciar que, como hace un siglo, los propietarios rurales continúan participando en el control de las obras a través del Consejo Asesor del río Salado.
Otra continuidad secular consiste en cierta tensión entre la producción de saberes en diferentes esferas estatales (en el siglo XIX con una mayor densidad desde las mismas agencias del Estado, en el siglo XX y XXI desde las universidades y el CONICET) y las políticas públicas. Si durante el siglo XIX puede constatarse que las propias agencias del Estado no utilizaban el rico acerbo documental que habían acumulado a través de los años para tomar decisiones, en el siglo XXI vemos con desesperación cómo siguen sin ser atendidos los estudios de los especialistas del ámbito científico por parte de los gestionadores del Estado a la hora de diseñar un proyecto y llevarlo a cabo. Cómo acercar esas posiciones es una tarea política, pero también intelectual, estudiar esta cuestión implica aportar elementos para una mejor gestión del territorio.
Como plantearon Caputo y Herzer hace casi treinta años “Se supone que el fenómeno existe, que es parte del sistema y que hay que convivir organizadamente con él y enfrentarlo de tal forma que impacte lo menos posible”.[59] Entendemos que el estudio de la gestión del agua, con el fin de aportar a la construcción de acuerdos comunitarios y el diseño de políticas públicas, sería, en palabras de Josep Fontana, una de las muchas formas en que el historiador puede aplicar su trabajo a fines socialmente útiles.[60]
 
[1] JORGE DESCHAMPS, OSVALDO OTERO & EDUARDO TONNI, “Cambio climático en la pampa bonaerense: las precipitaciones desde los siglos XVIII al XX”, Documentos de trabajo 109, Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Área de Estudios Agrarios, 2003; CECILIA LAPRIDA & BLAS VALERO-GARCÉS, “Cambios ambientales de épocas históricas en la pampa bonaerense en base a ostrácodos: historia hidrológica de la laguna de Chascomús”, en:  Ameghiniana 46(1), Buenos Aires, Asociación Paleontológica Argentina, 2009, pp. 95-111, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-70142009000100007&lng=es&nrm=iso.
[2] CARLOS ANTONIO MONCAUT, “Inundaciones y sequías tienen raíces añejas en la pampa bonaerense (1576-2001)”, en: ORLANDO MAIOLA, NÉSTOR GABELLONE & MARIO HERNÁNDEZ (compiladores), Inundaciones en la región pampeana, La Plata, Edulp, 2003, pp. 27-47; OLGA EUGENIA SCARPATI & ALBERTO D. CAPRIOLO, “Sequías e inundaciones en la provincia de Buenos Aires (Argentina) y su distribución espacio-temporal”, en: Investigaciones geográficas 82, México, Instituto de Geografía UNAM, 2013, pp. 38-51, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0188-46112013000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
[3] MARÍA DEL ROSARIO PRIETO, FACUNDO ROJAS, TERESITA CASTRILLEJO & FERNANDO HERNÁNDEZ, “Procesos ambientales y construcción del territorio a partir de un estudio de caso: la ciénaga del Bermejo, oasis Norte de Mendoza, 1810-1930”, en: Revista de historia americana y argentina 47(2), Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 2012, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2314-15492012000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es.
[4] MARÍA DEL ROSARIO PRIETO & RODOLFO RICHARD-JORBA, “Las anomalías climáticas en la Cuenca del Plata, el NOA y sus consecuencias socioeconómicas. Siglos XVI, XVII y XVIII”, en: Leguas. Revista Argentina de Geografía 1, 1992, pp. 41-103. Agradezco al Dr. Richard-Jorba por haberme facilitado este texto.
[5] Véase LUCRECIA SOLEDAD WAGNER, Problemas ambientales y conflicto social en Argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del siglo XXI. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Quilmes, 2010.
[6] Para una evaluación historiográfica global sobre las vinculaciones en la historia ambiental y la historia rural véase: ANTONIO ESCOBAR OHMSTEDE, “Lo agrario y lo ambiental: ¿caminos paralelos, entrecruzados o separados?”, en: Jornada de Debate “Historia y ambiente en México y Argentina, siglos XIX-XXI”, Buenos Aires, Red de Estudios Rurales, 2015. Para el caso argentino ADRIÁN ZARRILLI, “Historia Ambiental. Nuevas miradas y perspectivas en la historiografía Argentina”, en: NOEMÍ GIRBAL-BLACHA & BEATRIZ MOREYRA (compiladoras), Producción de conocimiento y transferencia en las Ciencias Sociales, Buenos Aires, Imago Mundi, 2011, pp. 53-74 y su propuesta teórico-metodológica en ADRIÁN ZARRILLI, “La naturaleza como categoría de análisis”, en: ALEJANDRA SALOMÓN Y ADRIÁN ZARRILLI, (compiladores), Historia, política y gestión ambiental, Buenos Aires, Imago Mundi, 2012, pp. 5-13.
[7] ERNESTO BOHOSLASVSKY & MILTON GODOY ORELLANA (editores), Construcción estatal, orden oligárquico y respuestas sociales. Argentina y Chile, 1840-1930, Prometeo/Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento / Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2010.
[8] ERNESTO BOHOSLAVSKY & GERMÁN SOPRANO (editores), Un Estado con rostro humano, Buenos Aires, Prometeo, 2010; SILVIA DI LISCIA & GERMÁN SOPRANO (editores), Burocracias estatales. Problemas, enfoques y estudios de caso en la Argentina (entre fines del siglo XIX y XX, Rosario, Prohistoria; LAURA GRACIELA RODRÍGUEZ & GERMÁN SOPRANO (editores). Profesionales e intelectuales de Estado. Análisis de perfiles y trayectorias en la salud pública, la educación y las fuerzas armadas, Rosario, Prohistoria.
[9] OSVALDO FABIÁN GRACIANO, “Estado, universidad y economía agroexportadora en Argentina: el desarrollo de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires y La Plata, 1904-1930”, en: Theomai 8, Buenos Aires, Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, 2003, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400807; OSVALDO FABIÁN GRACIANO, “Los caminos de la ciencia. El desarrollo inicial de las ciencias agronómicas y veterinarias en Argentina, 1860-1910”, en: Signos Históricos 12, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, 2004, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34401201; SABINA FREDERIC, OSVALDO GRACIANO & GERMÁN SOPRANO (coordinadores), El Estado argentino y las profesiones liberales, académicas y armadas, Rosario, Prohistoria, 2010.
[10] MARIANO BEN PLOTKIN & EDUARDO ZIMMERMANN (compiladores), Los saberes del Estado, Buenos Aires, Edhasa, 2012.
[11] VALERIA ARACELI D’AGOSTINO, “Los orígenes de la agrimensura como profesión: su relación con el Estado y el régimen de propiedad de la tierra (Provincia de Buenos Aires, primera mitad del siglo XIX)”, en: NOEMÍ M. GIRBAL-BLACHA & SONIA REGINA MENDONÇA (coordinadoras), Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil, Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 271-288; VALERIA ARACELI D’AGOSTINO, “Expansión estatal, política de tierras y desarrollo de la repartición topográfica en Buenos Aires, siglo XIX”, en: Población & Sociedad 21(2), San Miguel de Tucumán, Instituto Superior de Estudios Sociales, 2014, pp. 15-48; SILVANA PALERMO, “Elite técnica y estado liberal: la creación de una administración moderna en los Ferrocarriles del Estado (1870-1910)”, en: Estudios Sociales 30(1), Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2006, pp. 9-42, https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/article/view/2569/3668; ROMINA ESCOBAR, “Cuando todo estaba por hacerse: El Departamento de Ingenieros Civiles 1862-1890”, XI° Jornadas Interescuelas/ Departamentos de Historia, Tucumán, 19 al 21 de setiembre de 2007.
[12] VALERIA GRUSCHETSKY, “Saberes sin frontera. La vialidad norteamericana como modelo de la Dirección Nacional de Vialidad, 1920-1940”, en: MARIANO BEN PLOTKIN & EDUARDO ZIMMERMANN (compiladores), Los saberes del Estado, Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, pp. 185-211.
[13] BOHOSLAVSKY & SOPRANO, Un estado…, op. cit.
[14] En el sentido que le dan Caputo y Herzer: “aquella situación que supera la capacidad material de la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos negativos del acontecimiento”. MARÍA GRACIELA CAPUTO & HILDA HERZER, “Reflexiones sobre el manejo de las inundaciones y su incorporación a las políticas regionales”, en: Desarrollo Económico 27(106), Buenos Aires, IDES, 1987, pp. 245-260.
[15] ENRIQUE M. BARBA, MARÍA CLELIA CANO DE NOGUEIRA, MARÍA ELENA INFESTA DE GUERCI, SILVIA CRISTINA MALLO & MARÍA CONCEPCIÓN ORRUMA, “La Campaña al Desierto y el problema de la tierra: la ley de 1878 y su aplicación en la provincia de Buenos Aires”, en: Segundo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1974, pp. 225-254; ENRIQUE M. BARBA, MARÍA ELENA INFESTA DE GUERCI, SILVIA CRISTINA MALLO & MARÍA CONCEPCIÓN ORRUMA, “La conquista del desierto y la distribución de la tierra. Las leyes de 5 y 16 de octubre de 1878”, en: Tercer Congreso de Historia Argentina y Regional, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1977, pp. 65-76; MARTA VALENCIA, Tierras públicas-tierras privadas, Buenos Aires, 1852-1876, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires / Edulp, 2005; MARTA VALENCIA, “La última frontera de Buenos Aires antes de la campaña de Roca”, en: GRACIELA BLANCO & GUILLERMO BANZATO, La cuestión de la tierra pública en Argentina. A 90 años de la obra de Miguel Ángel Cárcano, Rosario, Prohistoria, 2009, pp. 111-132.
[16] FLORENTINO AMEGHINO, Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Obras de retención y no de desagüe, La Plata, Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, 1984, edición original en 1884.
[17] ALFREDO ARMANDO AGUIRRE, El canal Junín-Baradero (cuando Arrecifes tuvo puerto), 1985. http://es.scribd.com/doc/42984930/El-Canal-Del-Norte-de-la-Provincia-de-Buenos-Aires, GUILLERMO BANZATO, “Caminos de agua en la pampa. El proyecto del Canal del Norte en la provincia de Buenos Aires (1902-1930)”, en: III Congreso Latinoamericano de Historia Económica - XXIII Jornadas de Historia Económica. Bariloche, 23 al 27 de octubre de 2012, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.1653/ev.1653.pdf; GUILLERMO BANZATO, “Discursos y proyectos para afrontar las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires, 1890-1910”, en: XIV Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia. Mendoza, 2 al 5 de octubre de 2013.  http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2720/ev.2720.pdf.
[18] Hemos trabajado el tema en VALERIA D’AGOSTINO & GUILLERMO BANZATO, “Funcionarios y políticas sobre el territorio en la Provincia de Buenos Aires. El Departamento de Ingenieros, 1875-1913”, en: Decimoquinto Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 23 y 24 de abril de 2015, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4113/ev.4113.pdf. Véase también para la medición del territorio en la provincia de Buenos Aires: JUAN CARLOS GARAVAGLIA & PIERRE GAUTREAU, “Inventando un nuevo saber estatal sobre el territorio: la definición de prácticas, comportamientos y agentes en las instituciones topográficas de Buenos Aires, 1824-1864”, en: Mensurar la tierra, controlar el territorio. América Latina siglos XVIII y XIX, Rosario, Prohistoria, 2011, pp. 63-98; MARIANA CANEDO, “El restablecimiento del Departamento Topográfico de Buenos Aires Política y gestión de un proyecto con consenso (1852-1857)”, en: Andes, 25(2), Salta, Universidad Nacional de Salta, 2014, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12738569003; VALERIA D’AGOSTINO, “Estado, instituciones y funcionarios bonaerenses: la reorganización de la repartición topográfica en la segunda mitad del siglo XIX”, en: MÓNICA BLANCO & LUCIANO BARANDIARÁN (compiladores), Las configuraciones de la trama social. Políticas públicas, instituciones y actores en la Argentina contemporánea, Tandil, CIEP-UNICEN, 2015, pp. 14-42; TERESA ZWEIFEL, Medir lo inconmensurable. Los cambios en los procedimientos para relevar la pampa anterior (1796-1895), Rosario, Prohistoria.
[19] D’AGOSTINO, “Expansión estatal… op. cit.
[20] Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (en adelante ROPBA), 1885, pp. 899-904.
[22] PAULA PALACIOS & DANIEL PICCININI, “Frontera y conflicto ambiental en el Buenos Aires del proceso agroexportador: Las inundaciones del Salado”, en: Segundas Jornadas Platenses de Geografía, Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 2000.
[23] ROPBA, 1890, pp. 482-484, 507-508.
[24] Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Diario de Sesiones (en adelante CSPBA, DS), 1892, p. 20.
[25] Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Diario de Sesiones (en adelante CDPBA, DS), 1893 p. 527.
[26] ROPBA, 1893, pp. 21-25.
[27] ROPBA, 1896, p. 611.
[28] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Acuerdos y sentencias dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Imprenta y Litografía de Sesé y Larrañaga, 1899, tomo VII, cuarta serie, pp. 380-420.
[29] ROPBA, 1900, pp. 605, 748 y 793-801.
[30] CDPBA, DS, 1902, p. XI.
[31] ROPBA, 1906, pp. 617-618.
[32] ROPBA, 1908, pp. 445, 447-448.
[33] ROPBA, 1909, pp. 479-480
[34] ROPBA, 1910, pp. 816-825; CSPBA, DS, 1910, pp. 508-512.                                             
[35] ROPBA, Decreto del 14 de junio de 1911, p. 805.
[36] ROPBA, 1912, Mensaje del Gobernador, pp. 606-609.
[37] ROPBA, 1913, Mensaje del Gobernador, pp. 513-515.
[38] ROBPA, Decreto del 5 de agosto de 1913, pp. 803-804.
[39] ROPBA, Decretos del 22 y 24 de agosto de 1913, pp. 849-850 y 853-854. La ley del 3 de septiembre autorizó al poder ejecutivo a invertir hasta $m/n500.000 ($oro220.264,3) “en socorro de las víctimas causadas por las recientes inundaciones” (ROPBA: 893). Por decreto del 5 de septiembre (ROPBA: 889-890) el gobernador asignó $m/n1.000 ($oro440,5) para que la Municipalidad de General Alvear socorriera a las familias.
[41] ROPBA, Decreto del 26 de septiembre de 1913, pp. 926-927.
[42] ROPBA, 1914, Mensaje del Gobernador, pp. 441.
[43] ROPBA, 1915, pp. 404-407.
[44] FERNANDO E. BARBA, Los tiempos perdidos. La política de Buenos Aires entre 1880 y la intervención federal de 1917, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 2004, pp. 172-188.
[45] ROPBA, 1919, pp. 250-251.
[46] ROPBA, Decretos del 18 de julio, 13 de agosto y 18 de octubre de 1919, pp. 391-392; 538-539; 791-792.
[47] FERNANDO ENRIQUE BARBA, “El gobierno de Bernardo de Irigoyen, las disidencias de la Unión Cívica Radical y el triunfo de los Partidos Unidos en la Provincia de Buenos Aires”, en: Anuario del Instituto de Historia Argentina 2, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2001, pp. 27-96, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.229/pr.229.pdf; FERNANDO ENRIQUE BARBA, “Una constante en la política bonaerense: fraudes y componendas en un período de transición política (1890-1906)”, en: Anuario del Instituto de Historia Argentina 4, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2004, pp. 31-44, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3246/pr.3246.pdf.
[48] ANDRÉS REGALSKY, “Capital extranjero y desarrollo ferroviario en la argentina: las inversiones francesas en ferrocarriles, 1900-1914”, en: SAMUEL AMARAL & MARTA VALENCIA (compiladores), Argentina, el país nuevo. Problemas de historia económica, 1800-1914, La Plata, Edulp, 1999, pp. 157-200.
[49] ROPBA, 1902, pp. 47-49.
[50] MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Informe de la Comisión de Vocales del Departamento de Ingenieros, La Plata, 1909, Parte III, p. 3.
[51] Ibidem, pp. 5-6. Este Consejo estaba formado por Benjamín Sal, Arturo Gonzáles, J. Riguelet y J. A. Lagos, siendo su secretario Adriano Díaz.
[52] Ibidem, pp. 6-8.
[53] ROPBA, 1904, pp. 506-507.
[54]Aquí hay que tener en cuenta que, según un informe de la década de 1950 (Olivier, 1958, citado en Pereyra, 2010) los principales canales de desagüe aliviaban los campos de los mayores propietarios de la provincia.
[55] Eduardo Cormick ha escrito una sugestiva novela titulada El primer viaje (De las tres lagunas, 2010) con muy vívidas descripciones de la importancia que tuvo para Junín, especialmente el impacto de los obreros en la comunidad local. En su blog (http://canaldelnorte.blogspot.com.ar/) informa que la ciudad de Junín ha declarado referencia histórica una esclusa que todavía está en pie cerca del paraje La Oriental “que constituyera una genuina expresión del progreso de nuestro País a principios del siglo XX”. También en un blog de la ciudad de Salto se expone información referida al tema: http://saltonline.com.ar/salto/canal3.htm
[56] HORACIO NUÑEZ MIÑANA & ALBERTO PORTO, “Evolución de ingresos y gastos públicos de la provincia de Buenos Aires, 1885-1979”, en: Económica XXVIII(1-2), La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1982, 65-84.
[57] Para la segunda parte de la década de 1920, Durán sólo menciona inundaciones parciales en 1926 y 1928 y una sequía en 1929-1930, con lo que coinciden Moncaut, y Scarpatti y Capriolo. DIANA DURÁN, La pampa deprimida. Balance geográfico, Buenos Aires, Oikos Editora, 1981 (citado en ADRIÁN GUSTAVO ZARRILLI, Ecología, capitalismo y desarrollo agrario en la región pampeana [1890-1950] : Un enfoque histórico-ecológico de la cuestión agraria, tesis doctoral, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata, 1997); MONCAUT, “Inundaciones…”, op. cit.; SCARPATI & CAPRIOLO, “Sequías e inundaciones…”, op. cit.
[58] BOHOSLASVSKY & SOPRANO, Un Estado, op. cit.
[59] CAPUTO & HERZER, “Reflexiones…”, op. cit., p. 255.
[60] JOSEP FONTANA, “Los usos de la Historia: una reflexión sobre el agua”, en: Vínculos de Historia, 1, Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 2012, pp. 115-125, http://www.vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/article/view/8/36.

Mapa: Plan de la Dirección de Desagües, 1899
Fuente: CARLOS POSADAS, La solución del problema de los desagües e inundaciones en la provincia de Buenos Aires, La Plata, Taller de Impresiones Oficiales, 1933, fig. 149
 


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