El futuro de la investigación en historia en las universidades


El futuro de la investigación en historia en las universidades

Compartimos el estudio realizado por los académicos Eduardo Míguez y Beatriz Figallo, con el aporte de Marcela Ternavasio.

 

Pensar en el futuro de la investigación en historia en las universidades requiere partir de un diagnóstico de la situación actual, viendo sus fortalezas y debilidades, y considerar las oportunidades y los desafíos que se abren para el futuro. Sobre este supuesto, el presente documento busca proponer ideas en dos áreas de problemas. Por un lado, los más vinculados a la situación en las universidades, que abordará el Dr. Míguez; por otro, algunas posibilidades y dificultades que enfrenta la investigación histórica en general en relación al desarrollo de nuevas tecnologías, que será analizado por la Dra. Figallo.
1. La investigación en las universidades
Cuando se observa a la universidad argentina en una perspectiva internacional, resulta evidente que la tradición profesionalista en la que se forjó continúa siendo uno de sus rasgos más notables. Seguramente, la expresión más acabada de ello es que en tanto en la mayor parte de las naciones modernas la docencia universitaria es una ocupación de tiempo completo, en la Argentina esta situación continúa siendo excepcional. La amplia mayoría de los docentes universitarios en nuestro país ejercen esa actividad de manera complementaria a su labor profesional, y aquellos con dedicación exclusiva son una minoría relativamente pequeña. Desde luego, esto define el lugar de la investigación dentro de las instituciones, ya que es excepcional que quien no tiene una dedicación completa a la labor académica pueda dedicarse de manera regular a la producción de conocimientos científicos.
Si bien, como veremos, esto no ha impedido el crecimiento de la investigación en la disciplina que aquí consideramos, marca un entorno universitario en el que las expectativas de desarrollo futuro presentan fuertes desafíos. Porque en la lógica de la conducción de la universidad pública, la investigación no guarda un lugar prioritario. Desde luego, las universidades nacionales buscan presentar el mejor record posible en esa dimensión como fuente de prestigio, y en los estatutos y los programas de desarrollo institucional la función I+D+i ocupa un lugar destacado, pero a la hora de traducir esto en decisiones efectivas, como asignación de presupuesto y creación de cargos con full time, los criterios empleados no tienden a priorizar dicha función.
Consideramos aquí prioritariamente a la universidad estatal que es donde se realiza el grueso de la investigación en general, y la histórica en particular. Las universidades privadas tienden a remarcar aún más el sesgo profesionalista de la estatal, en parte condicionadas por la dependencia de los aranceles. Algunas universidades de gestión privada nuevas, con perfil internacional y una fuerte priorización de la investigación, han creado departamentos de historia que se destacan por la producción académica de calidad; pero por su tamaño, y también por la limitación impuesta por los aranceles, hay serios límites a la perspectiva de desarrollo de este modelo. Otras universidades privadas más antiguas y con mayor matrícula, también propician el desarrollo de la investigación en historia, pero nuevamente, su incidencia en el conjunto del sistema es limitada.
Por lo que hemos venido señalando, se genera en la universidad argentina una paradoja, ya que el criterio de excelencia que domina nuestro sistema universitario no es distinto al de otros países, y la voluntad de aunar enseñanza y producción de nuevos conocimientos esta plenamente presente en el sistema. Aún siendo así, su propia dinámica institucional reproduce el régimen profesionalista, generando una tensión entre la vocación de las casas de estudio por dedicar esfuerzos a la investigación, y la realidad, en la que esta ocupa un lugar más bien reducido en la estructura institucional.
Dentro de este panorama, la situación en historia tiene sus rasgos particulares. Tratándose de una disciplina esencialmente académica, y con una sólida tradición en metodologías y prácticas de la exploración académica, la docencia universitaria se ha desarrollado en general asociada a ella. La enseñanza en el nivel superior ha sido habitualmente realizada por historiadores, no meramente profesores de historia. Más bien, han sido los avatares de nuestra política lo que ha afectado la situación de la investigación histórica en la universidad. Desde el restablecimiento de la democracia, con una universidad autónoma, la disciplina ha disfrutado de la libertad y la pluralidad necesaria para su desarrollo.
En este contexto, varios factores han favorecido una fuerte expansión de la investigación en las últimas décadas. Por un lado, un notable crecimiento del número de casas de estudio superior, varias de las cuales ofrecen licenciaturas y profesorados en historia, o tienen departamentos de historia de cierta importancia al servicio de otras ofertas académicas. En segundo lugar, si bien en los centros universitarios más tradicionales, como queda dicho, la enseñanza de la historia siempre estuvo asociada a la investigación, la creación de nuevos profesorados y licenciaturas universitarias en las décadas de 1960 y 1970, en centros en los que no existía tradición en producción de nuevos conocimientos, y en un contexto político poco propicio para el desarrollo estable de disciplinas sociales, dio lugar a espacios de enseñanza en los que muchos docentes carecían de una formación y trayectoria en investigación. El retorno a la democracia creó las condiciones para que en esas universidades se tendiera a reforzar el desarrollo de departamentos de historia con mayor base en la actividad científica.
Por otro lado, aunque su éxito fuera en definitiva limitado, la política universitaria de la democracia buscó dinamizar la investigación en las universidades, y en particular, en las áreas sociales, donde más deteriorada se encontraba por las convulsiones de las décadas pasadas. En este sentido, cabe destacar algunas políticas que en los años 1980 y 1990 buscaron fortalecer su desarrollo. Seguramente la primera de ellas fue la creación de becas otorgadas por las propias universidades para la formación de futuros docentes-investigadores. Con un sistema de posgrado insuficientemente desarrollado, estas becas tuvieron el inconveniente que tendían a financiar la permanencia de jóvenes graduados en las propias casas donde cursaron el grado, y bajo los mismos profesores, estimulando la endogamia académica, cuya superación es uno de los más fuertes desafíos que enfrenta nuestro sistema universitario. Otra dificultad es que eran propicias para la formación de jóvenes en las áreas en las que la universidad ya contaba con investigadores, pero poco podían lograr en las de vacancia, que demandaban que los nuevos cuadros se formaran en otros centros. Aún con estas limitaciones, las becas fueron un importante estímulo para la orientación de jóvenes a iniciar sus carreras académicas, complementando las que ofrecía el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), que le sirvieron de modelo.
Hacia fines de los años 1980 desde el CONICET se creo el “Sistema de Apoyo para Investigadores Universitarios” (SAPIU), que consistía en un fuerte refuerzo de ingresos para los investigadores de CONICET que se insertaran en las universidades con cargos de dedicación exclusiva, o para docentes universitarios con dedicación exclusiva que se sometieran a los sistemas de evaluación de CONICET. Se tendían a hacer así presentes los criterios de evaluación de la investigación del Consejo en el ámbito universitario, a la vez que se estimulaba a que los investigadores asumieran un mayor compromiso con las universidades. El gobierno intentó proveer a estas de cargos con dedicación exclusiva para incorporar a los investigadores de CONICET en los planteles de las casas de estudio. El sistema parecía muy auspicioso, pero la crisis de 1989/90 y el cambio de gobierno lo dieron por tierra. En todo caso, la experiencia reforzó la idea de una universidad integrada a la investigación, promovió el crecimiento de la planta de investigadores en las universidades, y mostró como con un poco de imaginación y un objetivo bien definido, es posible coordinar la acción del Consejo con las universidades para articular con más fuerza la investigación y la docencia superior.
En la década de 1990 se inició un programa con similar propósito, pero desarrollado desde el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias: el Programa Nacional de Incentivos a Docentes-Investigadores. Este se proponía dar un fuerte aliciente a los docentes con dedicación exclusiva que alcanzaran estándares de excelencia en su labor científica, con un refuerzo de ingresos que podía alcanzar algo más de un 50%. Se establecieron categorías de investigadores, y se crearon sistemas de acreditación de proyectos de investigación. Si bien con el tiempo diversos problemas afectaron al programa, y hoy ha perdido mucha de su capacidad de estimular la producción científica de calidad en la universidad, su impacto ha sido significativo, fundamentalmente porque ha reforzado los criterios de evaluación académica, promoviendo en la cultura universitaria el valor de la producción científica.
Todos estos factores – junto a otros que señalaremos más adelante –  han contribuido a una poderosa expansión de la investigación, y particularmente de la producción histórica en las casas de estudio. Al comenzar la década de 1980 casi no existían publicaciones académicas de historia en las universidades nacionales. Hoy día existen bastante más de una decena de revistas bien establecidas, algunas con varias décadas de publicación, y un número aún mayor está comenzando a hacer su camino en los medios científicos. Las nuevas tecnologías, que permiten crear medios en el espacio virtual, facilitan el acceso y abaratan costos, dando además a las publicaciones un inmediato carácter global, como se verá en la segunda parte de este ensayo. En los años 1970, unas pocas instituciones promovían la realización de encuentros académicos; en la actualidad cada año se llevan a cabo numerosas reuniones que convocan a los investigadores a presentar los avances de sus indagaciones en diversos temas. Las jornadas más importantes, organizadas precisamente por los departamentos universitarios, han convocado este año cerca de 2.000 presentaciones, con un número mayor de participantes. Desde luego, la calidad de los trabajos presentados es muy desigual, pero la escala refleja la enorme dinámica que ha adquirido la investigación en historia.
Así mismo, se ha expandido enormemente el sistema de posgrado. Si bien universidades de larga tradición, como las de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, poseían doctorado de vieja data, tenían poca actividad – seguramente La Plata era un poco más dinámico – y era raro que atrajeran egresados de otras casas. En realidad, como se verá más adelante, hasta la década de 1990 la realización de posgrados era más bien excepcional, y la mayoría de los docentes universitarios carecía de ellos. En las últimas tres décadas se activaron los doctorados en las casas más antiguas, y se multiplicaron los programas de posgrado, incluyendo maestrías académicas, tanto en ellas como en otras universidades más jóvenes. En muchas casas de estudio hoy, en una disciplina académica como la historia, la gran mayoría de los docentes posee título de doctor, y esto se extiende, en varias instituciones, hasta los auxiliares de docencia.
Este desarrollo, sin embargo, contrasta con la tradicional “estructura de cátedra”, una herencia decimonónica, que como otros rasgos de la universidad “reformista”, se resisten a dejar su lugar a las nuevas formas. En efecto, una vieja tradición sancionaba un sistema lento y verticalista de formación de recursos humanos y de estructura de enseñanza. Un siglo atrás, en las pocas universidades existentes, un profesor consagrado se rodeaba de jóvenes egresados que iban aprendiendo el oficio como asistentes del profesor, y progresando en un escalafón rígido, siempre subordinados al tutelaje del catedrático titular. El sistema se comportaba como una estratificación de reemplazo; a medida que alguien ascendía o se retiraba, dejaba su lugar a otro. Aunque la estructura ha perdido un poco su verticalidad, mantiene en buena medida su rigidez en muchas universidades, y aún donde no es así, su impronta domina las practicas académicas de manera notable.
Este sistema no existe ya fuera de la Argentina casi en ningún lugar; tampoco en América Latina. La formación de los docentes se lleva a cabo a través de los posgrados, y su contratación en las universidades no es en una situación de subordinación; si bien las categorías se ajustan a las trayectorias de cada docente, ellos se hallan plenamente a cargo de los cursos cuyo dictado se le asigna, y su progreso depende de sus méritos (o en todo caso, de la disponibilidad de recursos para ascenderlo) y no de lo que hagan sus colegas. Si un docente necesita ayuda por el número de sus alumnos, habitualmente se contrata de forma transitoria un estudiante de posgrado como asistente; el compromiso termina junto con el curso, y cuando el estudiante se doctora, buscará un nuevo destino, donde será responsable de sus propios cursos. Así, es un principio básico de este sistema que todo docente universitario es ya un investigador formado, salvo, quizás, en algunas áreas instrumentales que no ocupan un lugar central en los programas académicos, tales como por ejemplo, la enseñanza de idiomas. El doctorado es un requisito de ingreso, y la producción académica regular un factor decisivo a la hora de evaluar la continuidad en el cargo.
En Argentina, en cambio, se ha desarrollado el sistema de posgrados, sin abolir el sistema de cátedras, pese a sus contradicciones. Esto da mucho más rigidez a la estructura, poniendo a docentes formados en una relación subordinada respecto de quienes los preceden. En ocasiones, sin que esta jerarquía funcional tenga un correlato en la trayectoria de investigación. Así, en algunas universidades los egresados obtienen sus doctorados, escriben sus trabajos científicos, y obtienen reconocimiento académico, pero siguen cumpliendo funciones subordinadas en la docencia hasta que la movilidad de reemplazo les abra un lugar.
En contraste, en instituciones menos desarrolladas suele haber un déficit en la formación de los profesores, lo que deviene de otro rasgo de nuestro sistema universitario, que es uno de los que más afectan su desarrollo: la escasa movilidad geográfica de los docentes. Ella se debe a motivos variados. En parte son culturales; la idea de que el progreso en una carrera académica implique trasladarse a vivir a un punto distante no es en general asumida en la Argentina. En parte, es consecuencia de los cargos con baja dedicación, que no promueven que una persona se radique en un destino laboral nuevo, y en el mismo sentido influye el fuerte peso de la antigüedad en el sueldo docente, ya que tampoco ayuda a la movilidad de jóvenes recién doctorados que inician sus carreras. Lo más relevante, seguramente, es que el limitado papel que se asigna a la investigación en la estructura general de la universidad, hace que ellas no necesariamente demanden de sus departamentos la búsqueda sistemática de la mayor excelencia posible en ese plano.
La forma de constituir las conducciones universitarias tampoco ayudan a que las casas de estudio den prioridad a la selección de sus cuerpos docentes sobre la base de la calidad de su producción académica. La estructura del gobierno da mucha autonomía a las unidades académicas, y los decanos suelen tener un peso determinante en las resoluciones de los consejos superiores. El equilibrio de poder estimula, entonces, a que cada unidad académica se gobierne con sus propios criterios, sin que las instancias de conducción superior alteren de manera significativa las políticas dentro del marco de las facultades. Así, los núcleos de excelencia en una universidad no se transforman en fuerzas de tracción para el mejoramiento del resto. Por lo demás, si bien esos núcleos suelen ser reconocidos y respetados, el equilibrio institucional no tiende a priorizarlos a la hora de la asignación de recursos. Los argumentos de calidad académica no tienen un peso decisivo a la hora de asignar recursos entre las facultades, y tampoco en general en el seno de las mismas. En consecuencia, no hay un estímulo de arriba hacia abajo (desde rectorado a las facultades, y de estas a los departamentos académicos) para mejorar la calidad de los planteles docentes.
Se hace factible entonces interpretar la defensa de intereses locales en algunas universidades del interior no como la oferta de un servicio educativo de la mejor calidad posible al medio al que sirve, si no como la protección de los intereses de los docentes de ese medio. “Defender los recursos humanos locales” es un eufemismo para no abrir los cargos a una competencia que asegure que sean cubiertos con las personas mejor capacitadas para hacerlo. El desarrollo relativamente reciente de la llamada “carrera docente”, en las cuales, una vez que se ha ingresado, se puede permanecer y promocionar sin que el cargo esté abierto a la competencia, sanciona el sistema de manera estatutaria. En algunas universidades se ingresa apenas con un título de grado como auxiliar de docencia, y eso asegura una continuidad laboral hasta la jubilación con solo cumplir requisitos mínimos.
En balance, a pesar del crecimiento de los últimos años, las limitaciones en nuestra estructura universitaria han llevado a que en la Argentina la investigación se encontrara muy limitada respecto de otros países de similares características. Esto se debe fundamentalmente a que en tanto es habitual que la mayoría de los docentes universitarios sean investigadores, en la Argentina no es así. Buscando saldar este déficit, luego de la crisis de 2001 se buscó incrementar el número total de investigadores en el país. Hacerlo a través de las universidades era difícil, porque implicaba revertir la tradición profesionalista y la estructura de gobierno que en general no la favorecen. Un crecimiento del presupuesto universitario no aseguraba un aumento de la inversión en investigación, ni del número de investigadores. Y dada la baja prioridad que las universidades dan a la función, tampoco reclamaron que el crecimiento se hiciera a través de sus planteles.
Era más sencillo, entonces, volcar los recursos a través del CONICET. Y en efecto, en la década siguiente se incrementó el porcentaje del presupuesto dedicado a I+D+i, y buena parte de él se destinó a un incremento del número de becarios e investigadores del Consejo. Como sabemos, CONICET cuenta con planteles de investigadores full time, que recibiendo su sueldo de la institución, pueden tener como lugar concreto de desempeño de sus funciones institutos o centros de investigación, o incluso otras instancias académicas, como cátedras o facultades, que no dependen de CONICET. Este ha sido su diseño original, buscando precisamente paliar el corte profesionalista de la universidad. Este vehículo se privilegió para aumentar el número de investigadores. No se buscó, sin embargo, reforzar su vínculo con las universidades, y el resultado fue más bien lo opuesto.
Estas políticas destinadas a incrementar la investigación incluyeron un intento por incentivar el regreso al país de investigadores radicados en el exterior. Sin embargo, ni la remuneración, ni las condiciones de trabajo favorecían mucho esta alternativa. Si bien un cierto número de residentes en el exterior regresaron a Argentina a través de instrumentos como el programa Raíces, sin duda esta no era una vía que saldara el atraso en el quantum de investigadores en la escala en que se buscó hacerlo. La apertura de los planteles del Consejo también estimuló a no pocos docentes con dedicación exclusiva en las universidades a que optaran por ingresar a él. En realidad, esto no reforzaba la investigación más allá de incluir a docentes investigadores en un sistema de evaluación en general algo más riguroso; aunque con escaso efecto, ya que solo los que ya respondían a esas pautas estaban en condiciones de postularse con éxito. En resumen, esto no incrementa el desarrollo de la investigación, y tiene en cambio el costo de alejar a los investigadores de las instituciones de enseñanza, como veremos.
En historia, y seguramente en muchas disciplinas de tradición académica, ingresar al Consejo tiene ventajas para los docentes universitarios. Ante todo, reafirma su legitimidad y prestigio como investigadores, facilita el acceso a fuentes de financiación, y eventualmente, ofrece la posibilidad de obtener un cierto ingreso salarial adicional. También existe la alternativa de optar por el salario de CONICET, reduciendo el compromiso con la universidad. Quizás lo más importante para los investigadores es que los valores institucionales del Consejo son más amigables a la cultura meritocrática de la ciencia que los que suelen prevalecer en muchas unidades académicas.
Desde luego, el gran incremento del número de investigadores se debió fundamentalmente a jóvenes que se iniciaban en esta trayectoria. CONICET amplió su oferta de becas, ya vinculadas desde la década de 1990 a doctorados, que desembocaban en la carrera de investigador, lo que permitió retener a los jóvenes que se iban formando. Un problema, sin embargo, consiste en que como la ampliación de los planteles ha sido vigorosa y súbita, se tendió a bajar un poco los estándares de ingreso en esa etapa. Cubiertos los números posibles de plazas, y reducidas por lo tanto las posibilidades de nuevos ingresos, seguramente en los próximos años quedaran fuera del Consejo jóvenes mejor calificados que algunos de los beneficiados por la política expansiva del período previo.
Esto, sin embargo, es algo más bien coyuntural, y no el problema central. En otros países no es habitual que la mayoría de los investigadores esté concentrada en una única institución centralizada. Organismos equivalentes a CONICET apoyan y financian la investigación, que es llevada a cabo en otras instituciones, como las universidades, o diversas agencias estatales, etc., como es el caso de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile o el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de Brasil. En algún caso, como el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, modelo sobre el que se diseñó el CONICET, cuenta con investigadores de planta propia.  Sin embargo, En términos absolutos, el CNRS cuenta con menos investigadores que CONICET, y la proporción de estos sobre el total de Francia (total que es al menos un orden de magnitud mayor al argentino) es muy inferior a la de su par de nuestro país. En los propios institutos ligados al CNRS, son más los docentes investigadores dependientes de las universidades que los que lo hacen de esa institución. Es excepcional en el mundo un sistema en el que el grueso de la investigación sea llevado a cabo por una única institución.
Pueden efectuarse ciertas consideraciones sobre la función social de los investigadores en relación al camino escogido. Una de ellas tiene que ver con el sentido mismo de ser un investigador, en particular, en las ciencias sociales. Remitiéndonos a nuestra disciplina, la existencia de historiadores profesionales que no practiquen la docencia, o lo hagan solo lateralmente, puede justificarse entre aquellos cuyos trabajos tienen un gran impacto en la disciplina o en la sociedad en general. Para la mayoría, la complementación con la actividad docente es una forma de potenciar su labor, cuyo impacto social es más limitado si esta se restringe a la producción de trabajos para ser difundidos en medios académicos. Con el régimen de CONICET, esa alternativa queda librada a la voluntad de cada uno, y a la voluntad de las propias universidades. Los investigadores pueden eludir la obligación docente, resignando una parte menor de sus ingresos. Y las universidades pueden tener en sus propios institutos investigadores de CONICET que no practican la docencia. Cuando lo hacen, las más de las veces tienen cargos simples en las universidades, que marcan un bajo compromiso con la institución. No solo una limitación de su actividad docente; asi mismo, un débil estímulo para asumir un papel decidido en la vida institucional, reforzando el distanciamiento entre investigación y educación superior. Desde luego, muchos pueden desplegar un fuerte compromiso; pero el sistema no lo propicia.
Un efecto colateral de esta situación es que como los graduados con más vocación científica, mejor formados, y con mejores logros académicos con frecuencia son absorbidos por el Consejo, los que no acceden a él presionan por cargos o mayores dedicaciones en la universidad. Opera entonces una suerte de selección inversa, que no favorece que los mejores recursos humanos se transformen en movilizadores del progreso universitario. Seguramente, la inevitable saturación de CONICET corrija un poco esta situación, produciendo una efecto derrame sobre las universidades; pero la falta de recursos y la poca voluntad que estas disponen para formar plantas de docentes con alta dedicación limitan esta posibilidad.
La política reciente y creciente del Consejo de hacer que sus investigadores trabajen en sus propios institutos no mejora las cosas, ya que tiende a separar más a la investigación de las casas de estudio. Si bien es cierto que en general se han creado unidades ejecutoras de investigación que dependen de ambas instituciones, y que la situación de los investigadores es formalmente la misma, la agrupación en un instituto de CONICET, bajo una dirección que aunque en principio depende también de la universidad, en general se vincula más al Consejo, y con apoyo financiero de éste, inevitablemente hace que los investigadores se sientan cada vez más integrados a aquella institución en detrimento de las casas de estudio. En institutos bien arraigados en ellas el impacto inmediato no es alto; pero aún en ellos se escucha decir que los jóvenes recién ingresados, con cargos en el Consejo y escaso vínculo con la universidad, se identifican más con su empleador principal que con la institución educativa, lo que es perfectamente comprensible
Esta política de CONICET ha buscado que sus autoridades tengan un control más efectivo sobre sus empleados, pero aunque eso pueda ser bueno para el Consejo, no necesariamente los es para la sociedad argentina. El SAPIU representó una estrategia inversa, que podría ser muy superior, si se complementara con otra que estimulara a que las universidades priorizaran su calidad académica global, en la que docencia, investigación y extensión estén íntimamente imbricadas, como en las mejores universidades del mundo.  
Por otro lado, que las universidades hayan aceptado en general de buen talante trasformar sus propios espacios de investigación en espacios compartidos, pone de manifiesto la poca prioridad que muchas de ellas dan a esta función. Una institución orgullosa de su papel en el mundo científico, que basa en buena medida su prestigio en él, difícilmente decidiera compartir institutos de indiscutible liderazgo en sus campos casi sin compensación. Visto en una perspectiva de mediano plazo, si la tendencia en las universidades es hacia un mayor divorcio de docencia e investigación ¿donde se formarán los futuros investigadores?
El balance que hemos venido presentando se caracteriza por una notable paradoja. En tanto en las últimas décadas la investigación ha crecido sólidamente en las universidades, aumentando su volumen y mejorando su calidad, las perspectivas de desarrollo futuro no son tan halagüeñas. El peligro no radica tanto en que se revierta el desarrollo de las décadas pasadas en el corto plazo, si no en que este se vaya alejando de la vida universitaria. O en todo caso, que no pueda insertarse más sólidamente en ella. Como ejemplo, baste mencionar que la mayoría de esas dos mil ponencias que se presentaron en el congreso al que aludíamos páginas atrás incluyen a autores vinculados al CONICET.
Un notable desafío a futuro es buscar los mecanismos para asegurar el compromiso de estos investigadores con la formación de las futuras generaciones de historiadores. Así mismo, el compromiso de trabajar para la necesaria modernización de la universidad, preparándola para un mundo en el que la permanente actualización del conocimiento hace que solo quien este vinculado a la vanguardia de su producción pueda estar en condiciones de transmitirlo dinámicamente.
El crecimiento de CONICET, desmedido en cierta forma, no porque en sí sea excesivo, si no porque ha desplazado la labor de investigación de las universidades, marca en realidad problemas en la estructura de estas. ¿Es posible vigorizar en la Argentina una estructura universitaria de tradición humboltiana, que potencie en lo posible aquella función? En buena medida, el futuro de la investigación en la universidad en general, y de la investigación histórica en particular, depende de ello. En el caso particular de nuestra disciplina, no es probable que el vínculo entre investigación y docencia tienda a debilitarse, precisamente, por la fuerza misma de la tradición. Pero en la medida en que el lugar de la investigación no se priorice en la universidad, se desaprovechan las oportunidades y los recursos. En este contexto, más que un deterioro, lo que puede preverse es un estancamiento.
Como historiadores, hay una sola cosa que sabemos sobre el futuro: que es imprevisible. Innumerables veces las sociedades han confiado en que podían tratar de prepararse para el futuro en base al conocimiento del pasado y del presente, y casi siempre el desarrollo de la realidad las sorprendió con derroteros inesperados. Por ello, más que pronosticar lo que prevemos que ha de ocurrir, parece más adecuado considerar los desafíos del presente, y prepararnos para enfrentarlos. Quisiera cerrar esta presentación poniendo el énfasis en tres grandes temas. En primer lugar, el de la orientación general del desarrollo de la universidad, y en consecuencia su conducción. La autonomía universitaria es imprescindible, y debe ser un resguardo de la independencia académica y de la pluralidad. Pero sin avasallarla, es posible crear consensos y orientaciones generales de políticas, que influyan sobre la evolución de las instituciones. SAPIU, y el Programa de Incentivos, son ejemplos de este tipo de acciones. Es improbable que la actual orientación profesionalista de nuestro sistema universitario se revierta en un plazo acotado, ya que es producto de una larga tradición y de nuestra cultura institucional. Pero sería posible implementar políticas que premien el desarrollo de la investigación en las universidades. Si estas políticas mostraran continuidad en el tiempo, como no la tuvieron el SAPIU y el Programa de Incentivos, sería factible que paulatinamente nuestro sistema universitario logre conciliar mejor sus tres funciones centrales. En la perspectiva específica de nuestra disciplina, seguramente los departamentos de historia seguirán dando peso a la investigación. Pero una política como la que se menciona crearía un entorno más favorable, y facilitaría, por ejemplo, mayor movilidad geográfica de los investigadores, mayor transparencia en la conformación de las plantas docentes, y en definitiva, una mejor calidad en la producción de nuevos conocimientos, particularmente, en las instituciones que hoy no han progresado al ritmo del conjunto.
Sin duda, una mejora de los posgrados sería un instrumento importante para este avance. Como hemos visto, los posgrados en historia se han multiplicado en el país. Si bien esto es un reflejo del crecimiento de la disciplina, presenta algunos desafíos. Seguramente el mayor de ellos es la llamada endogamia académica. Jóvenes graduados de una universidad que llevan adelante toda su carrera académica en ese mismo medio. El propio CONICET ha hecho varios intentos en el pasado por revertir esta situación, pero todos han sido rápidamente abandonados. En el medio internacional, se considera un criterio más que recomendable que un historiador lleve adelante su posgrado en una universidad diferente a la del grado, y que su inserción laboral sea en otro medio; incluso en Estados Unidos, por ejemplo, esto último tiende a ser una norma. Nuestras instituciones, en cambio, propician lo opuesto.
Otra debilidad de la multiplicación de posgrados es que estos son cada vez más pequeños, debilitando la masa crítica de estudiantes y docentes. Sería conveniente, en consecuencia, pensar en una política integral para el desarrollo de los posgrados. Fortalecer centros de posgrado de excelencia, que promuevan la movilidad y el desarrollo de escalas que faciliten la calidad. Seguramente, esto requerirá rever otros criterios – por ejemplo, el peso desmedido que recibe la “formación de recursos humanos” en el sistema de evaluación – para no alterar los equilibrios, permitiendo el desarrollo de centros de excelencia pequeños en universidades, que no estén necesariamente asociados a posgrados. Parecería conveniente mantener y profundizar la dinámica de posgraduación, sin necesariamente multiplicar los centros de posgrado.
Otro gran desafío del presente es rearticular la investigación en la universidad, lo que no es posible sin incluir en la estrategia a CONICET. Pareciera que solo una política de desarrollo científico integral, que incorpore a las universidades, puede asegurar la continuidad del avance científico en el país. En el campo específico de la historia, ha sido visible en los últimos años que el notable crecimiento de la investigación se dio de manera simultánea a una reducción del compromiso de los investigadores con las casas de estudio. Si esta tendencia continuara, en cierto plazo, la formación de las futuras camadas de historiadores podría deteriorarse, y más probable aún, el estímulo para el mejoramiento de los departamentos de historia en las universidades será menor. Un fuerte desafío a futuro es lograr una mayor integración entre el desarrollo de la investigación que CONICET ha fomentado en los últimos años, y las universidades.
Como decíamos, el futuro no es previsible. Pero si algo pareciera probable, es que la tendencia a la globalización continúe. Argentina ha tendido a rezagarse y resistirse a ocupar su lugar en el mundo global. Y su estructura universitaria es un ejemplo de ello. Cuando el mundo evoluciona hacia formas homogéneas y dinámicas, nuestras universidades se aferran a rasgos propios, que no parecen los más adecuados para enfrentar los desafíos del futuro. Pareciera imprescindible gestar los intercambios de ideas que permitieran ver la forma de modernizar nuestras casas de estudio, y potenciar el papel de la investigación dentro de ellas, siguiendo la tendencia mundial.
2. Las tecnologías digitales: cambios y desafíos
Es precisamente ese panorama global que genera cambios de imprevistas consecuencias. Las tecnologías digitales están introduciendo modificaciones en la forma de acceder a la información, y por tanto, de investigar y de escribir historia, acelerando operaciones y tareas que la disciplina y sus oficiantes realizan para establecer los hechos. Se trata de un cambio cultural global -digital turn, considerado como un hito de la erudición moderna- en donde lo digital no es sólo una herramienta sino la base de esta transformación, que altera el funcionamiento y la organización de instituciones y de conductas profesionales, tanto superponiendo tradiciones y avances como generando la coexistencia de diferentes lógicas de trabajo y de distintos tiempos de ejecución.
Capaces de enriquecer y complejizar los modos en que se conoce la realidad, la percepción humana se ve interpelada por pluralidad de fenómenos tecnológicos que están ocurriendo en simultáneo y que están transformando las habilidades para usar y entender información fuera de las tradicionales estructuras de enseñanza como la misma universidad. En ese sentido, la generalización de Internet, y los motores de búsqueda -en especial, el más usado en el mundo que es Google- permiten el rastreo de un caudal asombroso de datos y testimonios, ya sean documentos, impresos como también registros orales y audiovisuales. Junto con prometernos una suerte de archivo universal y la idea de una totalidad abarcable con sólo presionar un botón para la navegación en la red informática mundial, ha modificado prácticas de acceso al conocimiento.
Mientras el uso compulsivo de nuevas tecnologías hacen que la posibilidad de conocimiento del pasado, tanto el inmediato como el de anteriores generaciones, sea cada día más exhaustivo, la búsqueda de huellas en todas partes produce una ampliación de las posibilidades de indagación que representa un verdadero desafío epistemológico para los historiadores.
La decisión política de compartir todo tipo de información, en su gran mayoría susceptible de ser considerada fuente histórica, viene sumando a gobiernos e instituciones a través de estrategias de difusión abierta de datos, habilitando no solo a los investigadores al acceso a la información, sino también a la ciudadanía en general. Si gestionar esos datos, diferenciar su valía, enfrentarse con su desorden e inconsistencia, requieren habilidades no menores, la mayor disponibilidad de herramientas tecnológicas parecen conducir a un aprendizaje que promete cambiar la forma en la que funciona la educación en la actualidad, así como al desarrollo de nuevas competencias criticas en el proceso investigador.
Presentada así someramente la cuestión de la incidencia de la tecnología en las posibilidades de conocimiento histórico, cabría plantear las repercusiones que en diferentes niveles se están produciendo para su investigación, referida al proceso y a las operaciones que genera la digitalización de documentación en archivos y al desarrollo vertiginoso de registros audiovisuales que contienen testimonios e información y a su preservación que involucran decisiones y políticas públicas, así como la conjunción de crecientes demandas de producción científica potenciadas por la incorporación  de nuevas tecnologías en el trabajo propio del investigador y el docente universitario en historia.
I. A pesar del largo recorrido que se ha llevado adelante para convencer a los gobiernos no ya del valor de los archivos, sino de lo indispensable de contar con planteles de profesionales idóneos -garantes de evidencia- al frente de los mismos, resaltando su importancia y su absoluta necesidad para llenar de contenido a las identidades propias de las formaciones estatales, los expertos reconocen que la continua eficientización de la administración y gestión de los documentos parece haberse convertido en un territorio inabarcable. A las dificultades que enfrentan los funcionamientos de los repositorios tradicionales, se suman los desafíos que imponen las tecnologías de la información que no facilitan la producción de documentos estables, espacios digitales en el que diferentes sistemas conviven, se interconectan y cambian de manera continua.
Mientras la evolución tecnológica no se detiene y exige permanente revisión y actualización de criterios y procesos, bibliotecas y archivos del mundo están llevando adelante acciones de digitalización sistemática de sus fondos, que incluyen los impresos y los testimonios inéditos. El fotografiado y el escaneo de páginas de documentos para proceder a su guarda y preservación digital -en manos de especialistas, producto de procesos de selección de formatos que se prometan con cierta estabilidad- le vienen facilitando a los estudiosos disponer de herramientas de búsqueda en internet mucho más avanzadas que la que permitían los antiguos archivos.  Ya sea en la web o conformados los archivos digitales, se requiere un mapa que permita transmitir -a través de metadatos o sea palabras claves, nombres, fechas que contenga el documento- los resultados de una investigación previa para facilitar el tránsito a todos los investigadores que lo requieran.
La tecnología se presenta como un vehículo de democratización: una  edición digital asegura la visualización a bajo costo de una réplica casi perfecta del manuscrito a la que se puede acceder desde cualquier computadora personal. Al mismo tiempo, el formato digital permite la transmisión en distintos soportes, pero éstos cambian a una velocidad que puede hacer peligrar el archivo: sabida es la obsolescencia de los disquetes, las dudas sobre la durabilidad de los discos compactos (CD), los nuevos instrumentos que están en desarrollo. Lo cierto es que los especialistas alertan sobre la vulnerabilidad que provee la información digital: es susceptible de ser manipulada mientras el entorno informático que hace posible su uso esta en continua transformación. Se trata de un camino no exento de tensiones, que se viven no sólo al interior de las instituciones, sino también en los gobiernos. Además del costo económico que se genera, la cuestión de la conservación a largo plazo de documentos electrónicos de manera auténtica produce debates y controversias, en el mundo de la tecnología donde las conversiones, migraciones, movimientos, cambios de estado, son permanentes. Y aunque los expertos señalan que se trata de manejar “incertidumbres controlables y no controlables en un marco de riesgos gestionables”, distintos planos de la realidad que confluyen no suelen ponerse de acuerdo. El gobierno argentino comenzó en 2016 un proyecto de “despapelización” del estado que pretende reemplazar el uso de documentos en papel por electrónicos, digitalizando aquellos que están en los registros y resolviendo sobre el destino de algunas existencias de documentos disponibles. Se ha producido ya alguna tensión cuando, en enero de 2017 salió publicada en el Boletín Oficial una resolución  del Ministerio de Modernización de la Nación que establece la potestad de destrucción de documentación pública por parte de funcionarios con rango no inferior a director general o nacional, así como la de declararla de valor histórico y transferirla al Archivo General de la Nación. Historiadores, archiveros y funcionarios judiciales expresaron su oposición por una resolución que implicaría la destrucción de archivos judiciales entre 1941 y 1982, una vez que se hubieran digitalizado. Se señaló entonces el peligro de arbitrariedad en la evaluación documental, la posible destrucción intencional de testimonios, así como la duda en torno a la recuperabilidad de los documentos a largo plazo, que su digitalización no podría asegurar.
En otras reparticiones estatales, la utilización de la tecnología digital para el resguardo de información generada por sus investigadores avanza de manera firme. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva creó un Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), brindando acceso abierto a miles de objetos digitales disponibles en distintos repositorios adheridos, siendo algunos de sus propósitos la socialización de la información y la apropiación pública de los avances de las investigaciones, con un sentido social. El CONICET, por su parte, dispone desde agosto de 2015 de un Repositorio Digital de acceso abierto poniendo a disposición de la sociedad la producción científico-tecnológica del organismo y de sus investigadores.
Con la factibilidad de poder trabajar con este material y siguiendo un movimiento internacional muy activo, en 2013 se creó la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, con el propósito de: “contribuir a la difusión y al acceso de recursos informáticos para la investigación, docencia y crítica en ciencias sociales y humanidades”.  Se trata de un campo de conocimiento interdisciplinario en construcción, en que participan las Humanidades tradicionales y las ciencias de la información, propiciando la colaboración entre humanistas, informáticos, diseñadores gráficos y bibliotecarios, prometiendo una modificación de modelos de investigación tradicionales. Acostumbrado el investigador en historia a una manera de producir conocimiento científico en forma de artículos, papers, ensayos o libros, que se gestionan tanto en la búsqueda de evidencias, pruebas y testimonios como durante el proceso mismo de la escritura, las más de las veces lento, con dificultades, avances y contramarchas, en el aislamiento de escritorios, archivos y bibliotecas, prometen las Humanidades Digitales una función práctica que implicaría variadas operaciones, como por ejemplo la codificación de textos, el diseño de base de datos para analizar grandes conjuntos de información y testimonios, la creación de gráficos para representar redes o para detectar patrones de comportamiento, la formación de archivos digitales documentales, que conduciría a ampliar los objetos de estudio. En 2014 se realizaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA las “I Jornadas: Las Humanidades Digitales desde Argentina. Tecnologías, Culturas, Saberes”, ocasión en la que, por ejemplo, se presentaron trabajos sobre “Proyecto Archivo Digital Dr. Alberto Rex González: digitalización y catalogación de un fondo documental en dirección al acceso abierto”;  “Plataforma Interactiva de Investigación en Ciencias Sociales”; “Un proyecto de edición digital académica en Argentina. Diálogo Medieval”; “Gestores de referencias bibliográficas”. Señaló entonces su presidente Leonardo Funes, al definir a las Humanidades Digitales como “un conjunto de procedimientos y de prácticas concretas que atraviesan campos de investigación y desarrollo muy heterogéneos, con lo cual el imperativo para cualquier operación de delimitación de áreas de influencia es abstenerse precisamente de fijar límites (al menos demasiado rígidos)” que muchos investigadores, grupos y proyectos se enteraban de que los trabajos que venían desarrollando caían dentro de las Humanidades Digitales y no eran conscientes, por ello “ una parte de la tarea no es introducirse en un campo nuevo sino reconocer que si uno ya está allí desde hace bastante tiempo”.  En noviembre de 2016, también en Buenos Aires, se avanzó con la realización del “I Congreso Internacional: Humanidades Digitales. Construcciones locales en contextos locales”.  
II. A la digitalización se suma la problemática de la generación de nuevos testimonios y el formato en que estos quedan plasmados, de importancia e interés para quienes se dedican a la historia más contemporánea, la de las generaciones vivas. Aunque la literatura testimonial y memorialística no cesa de aparecer, favorecida por la modernización y abaratamiento de las técnicas de impresión, puestas en manos de necesidades individuales y sociales de expresar “aunque no fui protagonista, así lo veo por que viví esa época”, el registro de hechos que se trasladan al papel ha disminuido para anidarse en estructuras audiovisuales, a través de noticias radiales, cintas grabadas de teléfonos, copias de correos electrónicos, testimonios orales, que se suman a las fotografías y a las imágenes de televisión que aparecen bajo el efecto de tiempo real, produciendo impresiones tanto inmediatas como poco controlables. Ese caudal audiovisual, como lenguaje propio de lo contemporáneo, también ha sido elevado a la condición de prueba, que abonando “la pretensión de la historia de fundarse sobre hechos”. La metodología va introduciendo con sentido crítico procedimientos válidos para tratar con la nueva generación de documentos, los digitalizados y los propios de nuevos soportes tecnológicos, aunque se deba lidiar con los riesgos que entrañan. La misma tecnología, hoy día en manos de muchos, puede ofrecer confrontación de dichos testimonios audiovisuales a través de Facebook, de YouTube o de las cámaras fotográficas de los teléfonos celulares. Esto ha democratizado el conocimiento: muchas personas tienen acceso a un caudal de información potencialmente susceptible de ser transformado en testimonios y en documentos, fuentes que emergen por doquier, registrando evidencias y dotando de significado al relato de personajes que usualmente estaban al margen de lo documentado.
Todo ese panorama nos enfrenta con una realidad diversa a la que comunican las palabras escritas. Registradas las imágenes en nuevos soportes tecnológicos, que han sustituido al papel como transmisoras de información, funcionan como argumento histórico. El auge de los relatos históricos audiovisuales se ha colado en los televisores, en las escuelas y en las universidades.  A pesar del axioma de sentido común de que una imagen vale más que mil palabras, o de que una fotografía, con su perfección analógica, constituye “un mensaje sin código”, en palabras de Roland Barthes, ¿dicho reflejo de imágenes es necesariamente una representación literal de la realidad? ¿Están las imágenes audiovisuales exentas de manipulación?, sin duda que no, desde la modificación misma de lo que se ve, hasta la selección de lo que se nos deja ver. ¿Que operaciones criticas requiere? Las precauciones del historiador que trabaja con imágenes audiovisuales requiere que se tengan en cuenta variadas características del texto y del contexto, siendo necesario persistir en el mantenimiento de las normas de citas documentales, en todas sus versiones, que permitan y aseguren el control del investigador sobre la metamorfosis de la información en acontecimiento histórico. Además de la aplicación de los procedimientos críticos habituales, analizar las imágenes implica un proceso de “interacción disciplinaria”, en el que la interdisciplinariedad no es una simple apetencia innovadora, sino una necesidad surgida de las nuevas demandas del trabajo intelectual, en la cual se cumplen operaciones de síntesis y de articulación de prácticas y hábitos de investigación.
Aunque hoy son todavía menos los que consultan los archivos fotográficos y audiovisuales, comparados con los que trabajan en los repositorios de documentos manuscritos e impresos y más recientemente, acceden a fuentes digitalizadas, en los próximos años será interesante comprobar cómo unos historiadores de una generación que se ha visto expuesta a los computadores/ordenadores desde su nacimiento y que siempre ha vivido en un mundo saturado de imágenes, que circulan al instante, se sitúa ante los testimonios visuales del pasado.  
Por otro lado, la pregunta es ¿cómo conservar y cómo recuperar para su investigación esa documentación audiovisual? No son usuales en América Latina instituciones como el Instituto Nacional de lo Audiovisual de Francia, aunque es de reconocer que la Argentina ha sido pionera mundial en el tratamiento de la documentación audiovisual. Como recuerdan técnicos del AGN, en 1939 se organizó el Archivo Gráfico de la Nación, destinado a la conservación de películas cinematográficas pues “a los efectos de conservar la documentación de carácter oficial o social, que atañen a la vida o historia del país, conviene aprovechar los procedimientos modernos de la cinematografía que permiten mantener el recuerdo fiel de ellos, en forma gráfica y aún sonora de sucesos que en el tiempo adquieren gran importancia”, extendiéndose el interés de resguardo a los documentos estáticos -daguerrotipo, grabado, fotografía. Poco después, y siguiendo el ejemplo del Musée de la Parole de París, se organizó la sección del Archivo de la Palabra y el laboratorio fonético. Aunque las reparticiones públicas sufrieron los avatares políticos del país, el estudio de los Archivos Audiovisuales fue incluido en la formación técnica y universitaria de archivística desde fines de la década de 1990, creando una conciencia de preservación que no ha alcanzado por igual a  distintos gobiernos. Se avanzó en 2013 al crear el Archivo Histórico de los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisiva del Estado Nacional con el propósito de conservar “todos los registros sonoros, documentales, videográficos y cinematográficos actualmente existentes en las dependencias de RADIO Y TELEVISION ARGENTINA”. Mediante convenios establecidos con el AGN, la Biblioteca Nacional y el Instituto Gino Germani de la UBA, que permitieron avanzar en la catalogación del material, dos años después unos 80 mil archivos audiovisuales se podían ver y oír en la página web del Archivo  al que se le dió el nombre de “Prisma”. La gestión política debería asegurar la continuidad de la labor y su extensión a todo el territorio nacional, cuando sabido es que en provincias y ciudades importantes del país también existen repositorios de radios y de los canales de televisión regionales.
III. Desde el perfil de la tarea propia del historiador, en el transcurso de pocas décadas los investigadores se han familiarizado con el uso de una variedad de medios técnicos que vienen multiplicando el acceso a documentos de todo tipo, a su resguardo en archivos personales así como lo enfrentan a la aceleración con que puede acopiar información. Respondiendo en ocasiones a expectativas de políticas científicas que demandan producción y respuestas rápidas -pero también a sus propias ansias de conocer e investigar-, se ha producido un crecimiento exponencial en la generación de publicaciones, artículos, ponencias, informes, libros que se editan en distintos formatos. La tecnología también ha favorecido la edición, la publicación y la difusión de las revistas científicas, en gran medida disponibles en webs propias, multiplicando la producción de artículos académicos en una magnitud difícil de abarcar. Los libros, aunque depreciados frente a los estándares de valoración provenientes de las ciencias duras que los postergan como producto científico por detrás de los artículos, siguen teniendo la defensa de su utilidad de parte de los historiadores, las empresas editoriales y la sociedad que demanda conocimiento histórico; así su producción tampoco ha cesado de crecer, en formato papel o accesibles en la red o como e-books.
Aún controlado el desafío utópico e incluso el desasosiego profesional que puede producir tamaña saturación de conocimiento sobre la producción de investigaciones, el historiador se enfrenta tanto con la cuestión del valor de lo generado en su área como de la cantidad de lo que se va sumando a la circulación y a la divulgación. Acá la tecnología promete también intervenir para discernir el análisis de datos e información de alta calidad frente a los de baja calidad. Allí están los programas informáticos que detectan los plagios.
Lo que se aplica para la guarda y crítica de explosión testimonial, se puede extender –con cierta esperanza, aunque no carente del peligro que constituye el desplazamiento de intereses de investigación locales por otros transnacionales- para los investigadores y los historiadores: la movilidad académica, la vinculación y el trabajo en equipos interdisciplinarios a nivel nacional, regional y mundial, nos puede ayudar a confrontar y ampliar conocimientos y sistematizar nuevos saberes y metodologías para escribir historia.
IV. Las tecnologías digitales inciden en el modo en que los conocimientos se enseñan en las universidades, demandas que llegan también a la historia. En palabras de la pedagoga Guillermina Tiramonti, la matriz cultural de la Ilustración y del enciclopedismo, que ha tenido como principal vehículo al docente y como tecnología central al libro, debiera repensarse con una matriz basada en el conocimiento tecnológico y sus modos de producir conocimiento, donde el nuevo instrumento intelectual es Internet. Las instituciones universitarias sufren esta tensión entre “el antiguo monopolio de la enseñanza y la producción de saberes de parte de los sistemas nacionales de educación superior y los espacios transfronterizos virtuales de base telemática”.
En tanto, los profesores son requeridos a adiestrarse en el uso de tecnologías digitales y virtuales, para dinamizar, flexibilizar y potenciar la didáctica de los procesos educativos, para valerse, cuando no elaborar materiales educativos innovadores que sostengan su discurso pedagógico, acudiendo a distintos elementos como documentos, textos, videos, audios, imágenes y recorridos interactivos. También para adiestrarse en las aplicaciones web que promete Google, como gestión de documentos colaborativos, relevamientos online, creación de espacios virtuales propios (como blogs y canales en YouTube), mapas, traductores, etc.. Mientras los nativos digitales que van ocupando las aulas difícilmente se someten sólo a los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicional mediante los mismos procedimientos de apropiación de conocimiento, aunque ahora sean digitalizados y distribuidos virtualmente, los profesores con perfil investigador procuran acompañar la enseñanza de conocimiento histórico con sus múltiples y más actualizadas versiones en que se difunden, en ocasiones aún no disponibles en formatos de libros. La tensión es innegable entre el tiempo que requiere la investigación y la construcción de un relato histórico plausible y argumentado en testimonios fiables y la aceleración con que se esta recogiendo tanto la circulación de información y testimonios por vía de las tecnologías digitales, como la producción de narrativas.
El panorama presenta retos no menores para la tarea del investigador en historia. Por un lado, la rapidez con que se difunden datos, informaciones y documentación libera rápidamente al pasado de una única interpretación, al someterlo a una inmediatez en la confrontación critica. Enfrenta a su tarea a una urgente y global interpelación académica y social.  A la par, su producción debe lidiar tanto con políticas científicas que se suman a esa aceleración en la construcción de narrativas como con un escenario universitario en el que, persistiendo una necesidad de mayor eficacia en el acompañamiento para su desempeño como investigador-docente, conviven distintas lógicas de funcionamiento. La complejidad, más que la complicación, tolera  admitir incertidumbres “en el seno de los sistemas altamente organizados”, desafíos para los que la tecnología podría proveer medios para reducir sus dosis.

Citas

1. Algunos de los argumentos contenidos en este parágrafo han sido presentados en Eduardo José Míguez, “La universidad como mercado laboral para jóvenes investigadores”, Investigaciones y Ensayos, Volumen 23, Julio-diciembre 2016, pp. 67-80.
2. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
3. Ver David M. Berry, “The Computational Turn: thinking the Digital Humanities”, Culture Machine, Vol. 12, 2011. Disponible en: www.culturemachine.net
4. Señala Paul Spence, “La investigación humanística en la era digital: mundo académico y nuevos públicos”, Humanidades Digitales: una aproximación transdisciplinar. Janus, Anexo 2, 2014, p. 118:  “Estos giros implican rupturas técnicas, metodológicas e intelectuales profundas en nuestro modo de investigar que apenas hemos empezado a identificar, mucho menos resolver, y que se manifiestan de manera más aguda en la interfaz entre el mundo académico y un público más amplio, que tiene expectativas -a veces justas, a veces poco realistas- sobre la accesibilidad en red a la creación del conocimiento, tanto en su producto final como en sus expresiones intermediarias”.
5. David M. Berry, “The Computational Turn: thinking the Digital Humanities”, cit., p. 5
6. Patricia Lucero, “Hablemos de historia”, Hablemos de Historia, Año 1, Nº 1, 2001, p. 86.
7. Alejandro Delgado Gómez, “Normativa de referencia”, en José Ramón Cruz Mundet (Dir.), Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales, Madrid, Coordinadora de Asociación de Archiveros, 2011, p. 64-65.
8. Graciela Goldchluk, “Edición comentada del Archivo Puig”, Iberoamericana, V, 17, 2005, p. 163.
9. Miquel Térmens, Seminario Preservación Digital. Módulo 1, Especialización en Gestión y de Información Científica y Tecnológica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, 2017.
10. Alejandro Delgado Gómez, “Normativa de referencia”, en Esther Paniagua, Informe. Big Data. El poder de los datos, Madrid, Fundación Innovación Bankinter, 2015, p. 62.
11. Boletín Oficial de la República Argentina, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, Resolución 753 – E/2016, Ciudad de Buenos Aires, 10/11/2016.
12. http://aahd.com.ar/
13. Antonio Rojas Castro, “Las Humanidades Digitales: principios, valores y prácticas”, Janus, 2, 2013.
14. Leonardo Funes, “Sobre la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y sus Primeras Jornadas. Palabras Preliminares”, en Lucía Cantamutto; Gimena del Rio; Gabriela Striker (eds.), Actas de las I Jornadas de Humanidades Digitales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2015. Libro digital, PDF.  
15. Con la asistencia de especialistas internacionales en Humanidades Digitales, algunas ponencias presentadas por investigadores del CONICET y de universidades versaron sobre: “La toma de notas en la investigación histórica: clasificación y herramientas digitales”; “Algunas reflexiones sobre la Base de datos de mujeres artistas en Argentina (1924-1939)”; “Prácticas y Métodos Digitales de Docencia e Investigación en la Universidad Nacional de Rosario”; “Sistema taxonómico de organización de los recursos de información autoarchivados en el Repositorio Institucional de la Facultad de Humanidades de la UNMdP”.
16. María Inés Mudrovcic, “El debate en torno a la representación de acontecimientos límite del pasado reciente: alcances del testimonio como fuente”, Diánoia, volumen LII, número 59,  noviembre 2007, p. 133.
17.  Joan del Alcàzar Garrido, “Las nuevas fuentes documentales en el estudio de la Historia Presente de América Latina”, en M. P. Díaz Barrado (coord.), Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1998.
18. R. Barthes, Image-Music-Text, Nueva York, 1977, cit en Martin Jay, Ojos abatidos. La denigración de la vision en el pensamiento francés del siglo XX, Madrid, Akal, 2007, p. 101.
19. Mario Miranda Pacheco, Signos y figuraciones de una época. Antología de ensayos heterogéneos, La Paz, Plural Ediciones, 2004, p. 86.
20. Peter Burke, Visto y no visto.El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2005, p. 18.
21. Claudio Guillermo Abbruzzese, “Los archivos audiovisuales en la República Argentina. El Archivo Gráfico de la Nación”, Culturas 5 · Debates y perspectivas de un mundo en cambio, Revista de divulgación del Centro de Investigaciones en Estudios Culturales, Educativos y Comunicaciones, Universidad Nacional del Litoral, 2011.
22. www.archivoprisma.com.ar 
23. Ver Lila Caimari, La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la historia, Siglo XXI, 2017, p. 72 y ss.
24. Cecilia Rozemblum-Carolina Unzurrunzaga-Guillermo Banzato-Cristian Pucacco, “Calidad editorial y calidad científica en los parámetros para inclusión de revistas científicas en bases de datos en Acceso Abierto y comerciales”, Palabra Clave, abril 2015, vol. 4, nº 2, p. 65.
25. Ondina González Bolaños, “Los contextos de la investigación, la educación superior y el nuevo valor del conocimiento en América Latina”, Revista de Indias, Nº 219, Madrid, 2000.
26. Estrella Isabel Koira, “Repensar la educación desde su matriz: apuntes sobre la conferencia de Guillermina Tiramonti”,  Con_Textos, Revista académica digital del Instituto Superior Nuestra Sra. de la Paz - Edición especial dedicada a las Jornadas de Educación y Psicopedagogía "Neurociencias, Experiencia y Educación", N.º 5, diciembre 2015.
27. Josefa García de Ceretto, “Releer/religar la Universidad. Cartografías en territorios complejos”, en Josefa García de Ceretto-Carlos Enrique Arcocha (compiladores), Transitando la universidad compleja, Rosario, UNR Editora, 2016.  García de Cerreto incluye también otras cuestiones que impactan en las instituciones de educación superior, como la tensión entre conocimientos y saberes como patrimonio o como mercancías y entre las titulaciones universitarias y la certificación de competencias, en lo que se ha dado en llamar como “devaluación de las credenciales”, a la par que se exigen estándares cada vez más altos para ocupar los mismos cargos, sin mejoras de los salarios ni de las condiciones laborales de los titulados universitarios.
28. Ana María Mass, “Universidad: la innovación que queda”, Perfil, Buenos Aires, 28 de enero de 2017.
29. John Lewis Gaddis, El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan al pasado, Barcelona, Anagrama, 2004, p. 180-1.
30. Edgar Morin, Ciencia con consciencia, Madrid, Anthropos, 1984, p. 213.

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